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El Concejo busca fusionar distintas iniciativas para el control antilavado en las inversiones

A la propuesta del Ejecutivo se suman María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, y del radical-macrista Martín Rosúa.

El Concejo avanza con su plan del proyecto antilavado, mientras que en el Ejecutivo existen otras iniciativas que avanzan en la comisión de Gobierno para lograr un consenso que pueda desembocar en una iniciativa conjunta.

El martes pasado sesionó la comisión de Gobierno presidida por su titular, Caren Tepp, de Ciudad Futura. Y su par de bancada Pedro Salinas explicó el proyecto de su bloque sobre control económico financiero de inversiones.

El debate se instaló tras las reuniones en las que brindaron detalles sobre el proyecto del Ejecutivo el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, y la subsecretaria Legal y Técnica, Juliana Conti.

A esa iniciativa se suman las propuestas de María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, y del radical-macrista Martín Rosúa.

Ciudad Futura planteó modificar de raíz la ordenanza 9.204 de control económico financiero de inversiones a través de la Agencia de Justicia Urbana.

En tal sentido, Salinas puso de relieve que la Unidad de Información Financiera (UIF) sólo inició 6 querellas en toda la provincia de Santa Fe (según el informe 2020), mientras que fueron 104 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Para atacar donde verdaderamente les duele a los mafiosos. Porque todo el dinero que generan las economías delictivas necesita ser blanqueado. Y ahí tenemos que poner el ojo y los esfuerzos. Vamos a discutir con todos, sin mezquindades, hasta elaborar el mejor proyecto”, introdujo Salinas.

Tras resaltar la necesidad de “pelear contra el lavado de activos” y destacar como “evidente que hay que hacer algo y estructuralmente distinto”, remarcó que el “narcotráfico ha permeado todo, el Estado, la sociedad y el mercado, ha superado con creces lo sostenible”.

En cuanto al conflicto de competencias del municipio hizo referencia al “principio de presunción del Estado” en los temas administrativos.

La Agencia de Justicia Urbanística tendría la intervención de profesionales del derecho, ciencias económicas, arquitectura y urbanismo y especialistas en programación y análisis de datos.

Dependería directamente del intendente, que elegiría a su titular ad referéndum del Concejo, donde debería plantear “el plan de trabajo anual” para contar con un apoyo multipartidario.

El autor del proyecto de Ciudad Futura destacó como uno de los objetivos “la recolección y el entrecruzamiento permanente y sistemático de datos”, con todas las secretarias, dependencias y entes autárquicos del Ejecutivo, al igual que con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la UIF, el Registro de la Propiedad y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La Agencia tendría una central única para dar las alertas sospechosas y ante ellas “poner en conocimiento en la UIF, el Ministerio Público de la Acusación, el Poder Judicial o a quien corresponda”. Y en paralelo, una mesa de trabajo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), específicamente con la Agencia de Criminalidad Organizada.

Rosúa, en tanto, resaltó la importancia del “entrecruzamiento de datos” para aclarar que “la intención no es perseguir la evasión tributaria, porque para eso está la Afip, sino buscar las economías delictivas. Me parece interesante una mesa judicial” y lo relacionó con el objetivo de “no frustrar investigaciones penales en curso”.

La socialista Verónica Irizar recordó que en su momento la Municipalidad expresó la adhesión voluntaria a la UIF, “es informante desde el 2012” y también mencionó que la provincia creó “una Subsecretaría de Delitos Económicos y luego una de Investigación Patrimonial”, para preguntar “no sé si sigue estando o no”.

Irizar aclaró que el proyecto del Ejecutivo “mejora sustancialmente la ordenanza vigente” y consignó que en el 2019 habían trabajado “en un proyecto muy similar” al presentado por el edil Rosúa, por lo que coincidió en la necesidad del entrecruzamiento de datos.

En cuanto a las competencias, que resulta el tema más delicado desde el punto de vista jurídico, la subsecretaria Legal y Técnica Juliana Conti, consideró que en la extensión de facultades debería analizarse una por una para evaluar “qué se puede hacer y qué no”. Destacó también la necesidad de “detallar” en la ordenanza ello.

El concejal javkinista Fabrizio Fiatti señaló que no se pueden “invalidar procedimientos jurídicos”; mientras que Conti planteó la necesidad de “colaborar activamente” con la Justicia.

“No estamos tan lejos como parecía”, dijo Tepp acerca de compatibilizar los diversos proyectos y ante una propuesta de la edila Irizar se acordó en que se preparará un cuadro comparativo de las diferentes iniciativas.

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