Este martes comenzó la audiencia pública sobre los nuevos precios del gas natural, donde el Gobierno nacional propuso una suba del 20 por ciento para usuarios sin beneficio social. De esta forma, se concretó el primer paso para que la Secretaría de Energía disponga los esquemas tarifarios que regirán a partir de junio.
La audiencia duró tres horas y media y contó con la participación de 25 de los 38 oradores inscriptos, en su mayoría representantes de entidades de defensa de los consumidores y defensorías del Pueblo de diferentes jurisdicciones.
El encuentro era presidido por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, y se desarrolló en la modalidad virtual.
En ese marco, la funcionaria señaló que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) -es decir de un 20%-, y del 80% para quienes no tuvieran ese beneficio, es decir del orden del 40%, teniendo en cuenta que el CVS fue del 53,4% en 2021.
Además, subrayó la “convicción” del Gobierno de que “las tarifas tengan correcciones por debajo de la evolución de los salarios”.
La Secretaría de Energía propuso un aumento promedio del 20% en el servicio de gas natural para los usuarios sin tarifa social, en tanto para quienes posean ese beneficio se mantendrían los valores vigentes.
Videla recordó el anuncio formulado por el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa sobre la necesidad de un “reajuste anual total en sus facturas”, y señaló que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial, y del 80% para quienes no tuvieran ese beneficio.
Como el CVS fue en 2021 del 53,4%, esos ajustes para todo el año deberían del 21,3% y del 42,7%, respectivamente.
Videla recordó que en febrero se concretaron aumentos de tarifas y, tomando como ejemplo distribuidoras de gas de cuatro regiones diferentes, señaló que por las variaciones aprobadas oportunamente, “no correspondería hacer ninguna corrección” en el caso de los beneficiarios de la tarifa social.
En cuanto a los que no cuentan con ese beneficio, que Videla caracterizó como “el común de los ciudadanos”, los aumentos dispuestos en febrero se ubicaron entre el 13,7% y el 20,5%.
En consecuencia, los incrementos para estos usuarios deberían ser, según los ejemplos presentados por Videla en la audiencia, del 18% al 25,5%.
Como síntesis, la subsecretaria señaló que “los usuarios sin tarifa social, el común de los ciudadanos, tendríamos un incremento del 20% en las facturas”.
Según informó Videla, el Estado nacional cubre con subsidios el 75,6% del costo total del gas natural, con porcentajes mayores en los meses de invierno.
En su presentación, previa a la apertura de la lista de expositores, Videla señaló que, a raíz de los incrementos en los precios internacionales por la invasión de Rusia a Ucrania, el costo de abastecimiento se ubica en el equivalente a 5,76 dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica, según su sigla en inglés).
De ese monto, el costo medio afrontado por el Estado nacional es de 4,35 dólares y el del usuario de 1,41 dólar.
La mayoría de los expositores que participó este martes de la primera de las tres audiencias públicas para analizar propuestas de ajustes en las tarifas energéticas expresó su disconformidad con lo que consideró un tiempo escaso para hablar y falta de información acerca de los costos de explotación del gas y ganancias de las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras.
Además, los expositores solicitaron una revisión de la dolarización de los precios del gas en boca de pozo y en algunos casos reclamaron que no se apliquen los aumentos propuestos por la Secretaría de Energía, no sólo para los beneficiarios de tarifa social sino también para quienes no revisten esa condición, tanto usuarios residenciales como pymes.
De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Poder Ejecutivo en el programa económico, que apunta a lograr “niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva” para los servicios públicos de gas y electricidad, tal como expresó la Secretaría de Energía en la convocatoria a las audiencias.
