El conflicto con los trabajadores portuarios -que inició la semana pasada con protestas- locales está lejos de llegar a su fin, este martes la Terminal Puerto Rosario (TPR), empresa concesionaria de las terminales de la ciudad I y II, informó la desvinculación de 23 empleados producto de que el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) seccional local, no acató la conciliación obligatoria dispuesta en las últimas horas por el gobierno provincial.
“La empresa no tiene otra alternativa que iniciar las acciones de desvinculación a partir del día de la fecha”, manifestó en un comunicado el TPR. En el texto, avisaron que “la liquidación final y certificaciones correspondientes estarán a disposición de los despedidos en los plazos de ley”.
La decisión se conoció luego de que el Supa no acató la conciliación obligatoria que dictó el gobierno provincial el lunes por la noche tras una larga jornada de negociaciones entre las partes que no llegaron a un acuerdo. Por esto, continuaba el paro por tiempo indeterminado iniciado el viernes cuando la firma había comunicado las suspensiones de 200 estibadores.
“Cuando se iban a firmar las actas, la empresa sorprendió con una serie de condiciones no previstas que claramente iban en contra de los trabajadores, y por eso el acuerdo no se firmó”, comentó Cesar Aybar, secretario del Supa Rosario, a Rosario 3.
Todo comenzó el jueves de la semana pasada tras la decisión de la empresa de no pagar la tanda de suba salarial prevista, por lo que el Supa empezó a bloquear la terminal. Como respuesta, TPR respondió suspendiendo a los 600 estibadores, que iniciaron un paro por tiempo indeterminado. Y este lunes, ante la falta de acuerdo, la Provincia dictó la convocatoria por 7 días.
El TPR alegó sufrir una profunda crisis financiera provocada por la crisis económica generada por las dos terminales cerradas por falta de mantinimiento e inversiones, por lo que no abonó el último aumento salarial prometido y sostiene que necesita despedir al menos 200 estibadores o concretar una fuerte rebaja de los costos laborales de los 600 que ocupa.
“Lo que están buscando es frenar la presión de la Provincia para que inviertan en los muelles. Están buscando tirarle a la provincia la gente a la calle para que la provincia afloje con las presiones sobre ellos para que inviertan en los muelles”, concluyó Aybar.
