El Senado sigue siendo un hervidero de tensiones políticas. Por cuarta vez consecutiva, el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la ambiciosa y cuestionada reforma que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quedó en el freezer. El oficialismo, acosado por las idas y vueltas de un borrador que ya acumula quince versiones sin conformar a la Casa Rosada y debilitado por ruidos políticos internos, debió pactar un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto.
La propuesta de aplazamiento fue impulsada en el recinto por la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y cosechó una abrumadora mayoría de 63 votos afirmativos, apenas 3 negativos y una abstención. El retroceso expone las severas dificultades del oficialismo para blindar un proyecto cuyo “corazón” -la Ley de Tierras- genera un fuerte rechazo en todo el arco opositor, la militancia social y los sectores ambientales.
El nudo del conflicto radica en la extranjerización del suelo y la flexibilización de controles estratégicos. La iniciativa propone derogar de cuajo los límites vigentes de la Ley N°26.737, que hoy restringe al 15% la propiedad extranjera de tierras rurales, abriendo la puerta a compras ilimitadas de superficies productivas, hídricas y fronterizas. En paralelo, el paquete limita el concepto de utilidad pública para expropiaciones, acelera los desalojos exprés y modifica la Ley de Manejo del Fuego, liberando tierras incendiadas para eventuales negocios inmobiliarios. Desde Unión por la Patria ya advierten que el texto “regala soberanía” y buscarán voltearlo.
Pliegos de jueces
A pesar de la parálisis del mega proyecto de Sturzenegger, la Cámara alta logró destrabar la designación de 36 jueces nacionales. Sin embargo, la armonía legislativa duró poco. El debate estalló al momento de tratar el pliego del camarista laboral Víctor Pesino, quien requería un nuevo acuerdo constitucional para prorrogar su mandato por cinco años más tras haber cumplido el límite de 75 años de edad. El magistrado tomó una altísima notoriedad pública al revocar la medida cautelar que mantenía suspendida la reforma laboral del gobierno actual.
La oposición cargó con dureza contra Pesino. El senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, tildó a la Sala VIII del fuero laboral -integrada por el magistrado- como la “sala Banelco”. Recalde denunció que el Poder Ejecutivo envió la propuesta para revalidar el cargo de Pesino apenas un día después de que este fallara a favor de los intereses del oficialismo, y recordó que el propio juez admitió haberse reunido con funcionarios del Ministerio de Justicia antes de dictar la polémica sentencia.
La defensa del oficialismo llegó de la mano de Patricia Bullrich, quien retrucó las acusaciones asegurando que las designaciones se evalúan únicamente por “mérito, capacidad y dedicación” con el fin de garantizar una “Justicia neutral”. Bullrich acusó a la oposición de pretender controlar los juzgados laborales para beneficio de sus propios litigios. Finalmente, el pliego de Pesino fue aprobado con lo justo, registrando el mayor caudal de votos negativos de la jornada, pero asegurando su continuidad por una ajustada diferencia de cinco sufragios.
