El diputado provincial de la UCR dentro del frente Unidos, Martín Rosúa, defendió la reforma integral de seguridad impulsada por el gobierno santafesino y planteó que la provincia necesita “un Estado más moderno, coordinado y con capacidad real para proteger a la sociedad”.
En una columna de opinión titulada “La seguridad también es un derecho”, Rosúa sostuvo que el crecimiento del crimen organizado obliga a revisar las herramientas tradicionales del Estado y avanzar hacia un esquema con mayor capacidad de anticipación, investigación y respuesta frente a nuevas modalidades delictivas.
“El debate ya no es solamente cuánto Estado queremos, sino qué tipo de Estado necesitamos”, afirmó el legislador, quien advirtió que las organizaciones criminales actuales utilizan tecnología, control territorial y violencia para imponer sus propias reglas.
Según Rosúa, uno de los principales problemas del sistema actual es que actúa de manera reactiva, muchas veces cuando el daño ya ocurrió. Frente a eso, defendió la necesidad de incorporar mecanismos de prevención e inteligencia criminal para enfrentar delitos complejos.
Entre los puntos centrales de la reforma mencionó modificaciones al Código Procesal Penal, cambios en el régimen penitenciario, fortalecimiento del sistema de inteligencia criminal, actualización de la ley orgánica policial y nuevas herramientas vinculadas al fondo de recompensas y al régimen contravencional.
El diputado remarcó que hoy existen bandas que coordinan delitos desde teléfonos celulares y redes sociales, incluso desde establecimientos penitenciarios, además de estructuras que utilizan inmuebles para actividades ilícitas o manejan circuitos ilegales de armas.
“Cuando el delito cambia, el Estado también debe cambiar”, sostuvo.
Rosúa defendió además la incorporación de herramientas de inteligencia criminal digital bajo autorización judicial y mecanismos destinados a impedir que desde las cárceles se sigan organizando hechos violentos.
En ese sentido, rechazó que el debate deba plantearse como una disputa entre seguridad y derechos individuales. “No existen derechos reales si el Estado carece de capacidad para garantizarlos”, señaló.
Para el legislador radical, el desafío es construir un modelo con controles, límites institucionales y garantías constitucionales, pero también con capacidad efectiva de intervención frente a fenómenos criminales complejos.
“Cuando el Estado retrocede, alguien ocupa ese lugar. Y muchas veces lo ocupan las organizaciones criminales”, concluyó.
