Un proyecto que ingresó este miércoles en la Cámara de Diputados de Santa Fe propone multar a quienes intenten ingresar teléfonos de forma clandestina a los complejos penitenciarios provinciales. La iniciativa prevé otro tipo de sanciones en los casos donde los responsables de ingresar los dispositivos sean agentes del servicio carcelario y también para los reclusos a los que se le encuentren los dispositivos.
Se trata de una modificación al Código provincial de Faltas, más precisamente en el apartado de “Contravenciones cometidas en ámbitos carcelarios”. Allí lo que se plantea el proyecto es incorporar tres nuevos tipo de infracciones apuntando a desarticular el mercado ilegal de teléfonos celulares que existe dentro de las unidades carcelarias.
“Como es de público y notorio conocimiento el uso de celulares en los establecimientos penitenciarios ha contribuido significativamente a la proliferación de delitos ordenados desde los centros penitenciarios desde dispositivos móviles. En efecto las crónicas policiales, periodísticas y judiciales dan cuenta de numerosos hechos cuyos autores intelectuales están cumpliendo pena privativa de la libertad”, sostiene entre sus argumentos el diputado Oscar Martínez, autor de la iniciativa.
La primera de las nuevas faltas que propone el legislador apunta a aplicar multas económicas a los reclusos a los que se les encuentre un teléfono celular entre sus pertenencias. Al ya estar cumpliendo una pena, la sanción será económica y podría superar los 1.7 millones de pesos.
En tanto que los otros dos artículos, que el proyecto propone incorporar, van contra quienes pueden llegar a intentar ingresar estos teléfonos de forma clandestina. En el caso de las visitas que lleven escondidos dispositivos tecnológicos para dejarle a los presos, podrían quedar arrestados por 30 días y se les aplicaría también una sanción económica similar a la prevista para los reclusos.
Mientras que si las personas que intentan ingresar los teléfonos son agentes del servicio penitenciario, la sanción es tres veces superior y podrían llegar a los 5 millones de pesos y los 60 días de arresto.
Además, el proyecto propone también incorporar un apartado en el que, si se demuestra que esos teléfonos se hayan utilizado para cometer un hecho delictivo, las sanciones se duplican.
El proyecto fue girado a comisiones, pero no se podrá comenzar a tratar hasta el 1 de mayo, momento en el que se abren las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, salvo que el gobernador decida incorporarlo al listado de temas que los legisladores pueden tratar en extraordinarias.
