El Gobierno nacional comenzó a avanzar sobre uno de los cambios más sensibles en materia de consumo y alimentación: la modificación de la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en 2021. El objetivo es eliminar los octógonos negros que hoy advierten sobre excesos de azúcares, grasas, sodio y calorías en productos alimenticios.
La iniciativa es impulsada por legisladores de La Libertad Avanza y sectores aliados, que plantean reemplazar el sistema actual por un modelo “armonizado” con las normas del Mercosur. Según argumentan, el etiquetado vigente genera distorsiones comerciales, sobrerregulación y dificultades para algunas industrias alimenticias.
Entre las modificaciones analizadas aparece la posibilidad de que las advertencias sólo contemplen nutrientes agregados durante la elaboración y no el contenido total del producto. También se estudia eliminar restricciones vinculadas a publicidad y marketing dirigidas a menores.
La Ley de Etiquetado Frontal había sido aprobada con amplio consenso político y sanitario, y obligó a las empresas a incorporar sellos negros en envases de productos con altos niveles de componentes críticos.
Desde organizaciones de consumidores y especialistas en nutrición ya comenzaron a expresar preocupación por la posibilidad de una flexibilización de las advertencias, mientras que el oficialismo sostiene que busca “simplificar” el sistema y reducir regulaciones.
