Representantes de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar) y del Sindicato Peones de Taxis presentaron este lunes una solicitud ante el Concejo Municipal para implementar controles específicos que frenen la competencia desleal que generan los vehículos que operan a través de aplicaciones ilegales de transporte en la ciudad.
La propuesta incluye la creación de un fondo compensador que se financiaría con el dinero recaudado a través de multas aplicadas a estos servicios irregulares. Este fondo estaría destinado a cubrir los costos de tercerizar los controles a través de “entidades idóneas”, que se encargarían de fiscalizar el cumplimiento de las normativas locales.
José Iantosca, representante de Catiltar, explicó durante una reunión con la comisión de Servicios Públicos que la actual estructura de control, encargada también de realizar operativos de alcoholemia e inspecciones en locales nocturnos, no tiene la capacidad suficiente para atender de manera efectiva la proliferación de vehículos asociados a aplicaciones ilegales. “Si los mismos agentes tienen que perseguir estas aplicaciones y, al mismo tiempo, realizar otras tareas, no van a poder con todo”, señaló Iantosca, destacando la necesidad de crear un nuevo organismo o contratar a terceros para estos controles.
Otros representantes del sector señalaron que el número de vehículos que operan mediante estas aplicaciones sigue en aumento, lo que pone a los taxis en una situación de desventaja, ya que estos servicios ofrecen tarifas hasta un 50% más bajas. “Es común ver vehículos de Uber recogiendo pasajeros en las mismas paradas de taxis. La situación es tan crítica que hay conductores que están devolviendo sus licencias o vendiendo sus autos”, añadieron.
Tanto los peones como los titulares de taxis coincidieron en que la falta de control es el problema principal y urgieron a que las autoridades contraten a entidades especializadas para detectar y sancionar estas prácticas ilegales. “El financiamiento para este nuevo organismo podría salir de las multas que ya se están cobrando a estos servicios ilegales”, propuso nuevamente Iantosca, insistiendo en que es esencial un sistema de control dedicado exclusivamente a esta problemática.
