El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe (Cocir) suspendió la matrícula de uno de sus asociados que promocionó la venta irregular de terrenos en las islas, una acción que se enmarca en el avance ilegal sobre el humedal, un ecosistema que debería ser tratado como un área protegida.
El fallo del Tribunal de Ética y Disciplano del Colegio, de la Sede Rosario, fue ratificado y rige por 30 días desde este 13 de octubre y hasta el 11 de noviembre.
El Cocir analizó el accionar de Leonardo Cecchini (Acec Propiedades) por promocionar la venta de un “Lote” sobre el Parador Vladimir, en la isla Sabino Corsi frente al centro de Rosario.
Esa isla, conocida como Banquito de San Andrés, corresponde a tierras fiscales de la provincia de Santa Fe y por lo tanto no se pueden ofrecer a la venta como promocionaba Acec Propiedades. “Terreno y lote en venta. Parador – Rosario – Isla – Vladimir – Oportunidad. 180.000 dólares”, decía el anuncio en Mercado Libre y otras plataformas.
Desde Acec aseguraron que el “dueño hace muchos años que está ahí, tiene la documentación, paga impuestos en Entre Ríos y lo que vende es el fondo de comercio”. Una especie de llave de un negocio y sus instalaciones. Sin embargo, no pudieron explicar cómo vendería tierras que son fiscales (públicas) y se excusaron de dar la identidad del propietario.
En las audiencias realizadas por el Colegio de Corredores Inmobiliarios, que tiene poder policía sobre ese tipo de irregularidades, se comprobó que el socio acusado no contaba con la documentación necesaria para realizar dicha venta y la publicidad era “imprecisa y equívoca” que “inducía al error de los interesados”.
En otra palabras, no podía ofrecer lo que decía que ofrecía: la venta de un lote e incumplía con las leyes que regulan la actividad. Tampoco era claro que el fondo de comercio o llave podría continuar en el tiempo. Si conocía ese trasfondo (y lo omitió) o si lo ignoraba, el asociado “en ambos casos vulnera los principios éticos” de la profesión de corredor.
La suspensión por 30 días de la matrícula implica que no podrá ejercer de forma profesional y deberá hacerse cargo de las gastos del proceso realizado, según consta en el fallo publicado en la página web de Cocir.
