Un duro fallo de la Justicia federal puso en jaque el freno a la obra pública del Gobierno nacional en Santa Fe. El juez de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, ordenó la “inmediata y urgente reparación integral” de las rutas nacionales 7, 8 y 33. La resolución responde a un amparo presentado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio ante el evidente peligro vial en la región.
El foco rojo de la sentencia está puesto sobre la Ruta Nacional 33, una traza estratégica para la producción que presenta un estado crítico con grietas, baches profundos y hundimientos.
Según el magistrado, el propio distrito local de Vialidad Nacional reconoció la urgencia de las obras, pero admitió que los trabajos quedaron paralizados por el recorte y la falta de autorización de partidas presupuestarias.
La orden judicial también alcanza a las rutas 7 y 8. En la primera se consideró que los parches de bacheo son insuficientes, mientras que en la segunda se detectaron al menos 55 actas por incumplimientos de la concesionaria Corredores Viales S.A.
Para el juez, el deterioro es “público y notorio”, y el Estado nacional no puede desligarse de su responsabilidad final de garantizar la vida y la seguridad de quienes transitan por el sur santafesino.
