El Centro de Justicia Penal de Rosario fue escenario este viernes de un fallo clave con la imposición de penas máximas para los responsables del crimen de Máximo Iván Jerez, el niño de 11 años asesinado a balazos en marzo de 2023 en el barrio Empalme Graneros. El tribunal colegiado integrado por los jueces Gonzalo López Quintana, Nicolás Vico Gimena y Gustavo Pérez de Urrechu resolvió aplicar la pena capital tras dar por acreditada la participación directa de los imputados en la sangrienta balacera que conmovió a la ciudad.
En su resolución, los magistrados condenaron a la pena de prisión perpetua a Maximiliano C. (27), Nicolás C. (28), Ezequiel G. (37) y Nicolás T. (28). Todos fueron hallados coautores penalmente responsables del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego, en concurso con la tentativa de homicidio contra otros tres menores heridos en el mismo episodio y la portación ilegal de arma de fuego de guerra.
De acuerdo con la reconstrucción del hecho llevada adelante por el fiscal Franco Tassini, la mortífera secuencia se desplegó la madrugada del 5 de marzo de 2023, cuando los agresores arribaron en un automóvil Honda Civic hasta la intersección de calle Cabal y el pasaje San José. Sin mediar palabra, los ocupantes descargaron una ráfaga de disparos directamente contra un grupo de vecinos y niños que se encontraban en la vía pública frente a sus viviendas.
Como consecuencia directa del feroz ataque, el pequeño Máximo Jerez perdió la vida en el lugar tras recibir impactos de bala, mientras que otros tres chicos -de 2, 13 y 13 años- resultaron con heridas graves por proyectiles de arma de fuego y debieron ser asistidos de urgencia, en un hecho que desató además violentas protestas territoriales contra el accionar de bandas criminales en la zona noroeste.
En el mismo pronunciamiento, el tribunal dictó una condena de cuatro años de prisión efectiva para Gustavo B. (54) tras declararlo culpable del delito de encubrimiento agravado. Los jueces consideraron probado que el hombre colaboró para entorpecer el accionar de la Justicia al ocultar el rodado empleado en la balacera, vehículo que fue localizado y secuestrado por los investigadores al día siguiente del sangriento ataque durante un procedimiento realizado en una propiedad de calle Campodónico al 3200.
