El secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, cuestionó con dureza la política salarial del gobierno de Santa Fe luego de conocerse el último dato de inflación difundido por el Ipec provincial y advirtió que la docencia ya sufre una fuerte pérdida de poder adquisitivo. Según sostuvo, en apenas tres meses de 2026 el deterioro salarial ya es significativo y, de mantenerse esta dinámica, en junio los docentes podrían acumular una pérdida de entre 200.000 y 300.000 pesos, según el cargo.
El dirigente gremial señaló que la inflación acumulada en el primer trimestre del año alcanzó el 9%, mientras que el incremento otorgado al sector ya habría perdido cerca del 20% de su valor real. Para Lucero, ese desfasaje no responde a una falla técnica ni a una mala estimación, sino a una decisión política deliberada.
“Estamos frente a una rebaja salarial encubierta”, afirmó el titular de Sadop Rosario, al considerar que el esquema aplicado por la Casa Gris termina licuando los ingresos de miles de trabajadores de la educación.
En ese marco, el referente sindical apuntó directamente contra el gobernador Maximiliano Pullaro y lo acusó de replicar en Santa Fe el mismo modelo de ajuste que impulsa el presidente Javier Milei a nivel nacional. Según planteó, mientras el mandatario provincial intenta diferenciarse en el discurso, en los hechos aplica una política que destruye salarios y recorta derechos.
Lucero recordó además que este escenario ya había sido advertido durante la discusión paritaria. Según señaló, desde el gremio habían anticipado que cerrar la negociación por decreto iba a derivar en pérdida salarial. Sin embargo, sostuvo que el Ejecutivo avanzó de todos modos, sin acuerdo y de manera unilateral.
Para Sadop, esa forma de resolver la paritaria consolidó un esquema en el que siempre terminan perdiendo los trabajadores. Por eso, el dirigente cerró su análisis con una crítica de alto voltaje político: afirmó que Pullaro no solo ejecuta el ajuste, sino que se comporta como “el mejor alumno de Milei” en la provincia.
Desde el gremio docente privado advirtieron que las consecuencias de esa política no se limitan al bolsillo de los maestros, sino que impactan también sobre los empleados estatales, las familias y el funcionamiento de la escuela pública en su conjunto.
