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Política

Por el costo fiscal, patean la vigencia del Fondo de Asistencia Laboral para el año próximo

Así lo confirmaron desde el Ministerio de Economía. La nueva ley, que debía implementarse desde junio, se retrasará al menos seis meses. 

A pocos días del 1 de junio, fecha originalmente estipulada para la puesta en marcha del nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el Ministerio de Economía de la Nación confirmó la postergación de su implementación. Con esta medida, uno de los pilares centrales de la reforma laboral aprobada el año pasado se trasladará recién al inicio de 2027, extendiendo los plazos vigentes por un semestre.

El motivo principal de la prórroga radica en el elevado costo fiscal que representa el nuevo esquema para el Estado. De acuerdo con la normativa, las empresas destinarán un porcentaje de sus contribuciones patronales a la conformación de estos fondos (un 1% para las grandes corporaciones y un 2,5% para las medianas, pequeñas y microempresas). Dado que estos recursos dejarán de ingresar directamente al sistema de seguridad social, la exención implica un impacto fiscal estimado en un piso de US$ 2.500 millones anuales, una cifra que la cartera económica optó por no convalidar en el contexto financiero actual.

Fuentes oficiales ratificaron que el esquema no entrará en funciones el próximo mes, lo que congela temporalmente un instrumento diseñado originalmente para reemplazar parte de las cargas patronales vigentes. El objetivo de este fondo era doble: por un lado, reducir los costos asociados a las nuevas contrataciones para incentivar la registración de trabajadores; por el otro, funcionar como un mecanismo para el pago de indemnizaciones y, en simultáneo, actuar como un catalizador para estimular el mercado de capitales.

Mientras tanto, en el sector privado reina la incertidumbre respecto a los pasos a seguir. Distintos estudios contables, abogados laboralistas y cámaras empresarias, que ya venían advirtiendo sobre las demoras en la reglamentación, continúan bajo estricto seguimiento de las definiciones regulatorias pendientes. El ecosistema corporativo sigue de cerca las decisiones del Gobierno nacional, a la espera de las normativas necesarias para conocer con precisión cómo funcionará operativamente el nuevo marco legal una vez que se ponga en marcha.

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