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Política

Paro docente: el Gobierno nacional supervisará las escuelas y amenazó con sanciones a maestros

Tras la medida de fuerza anunciada por CTERA para este lunes, el Ministerio de Capital Humano advirtió que realizará inspecciones en escuelas e impondrá sanciones si no se garantiza la guardia mínima del servicio educativo.

El Gobierno nacional profundizó su postura de confrontación frente al gremio docente CTERA al anunciar una serie de controles e inspecciones en los establecimientos educativos del país antes del paro nacional convocado para este lunes 3 de agosto. A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano, la cartera conducida por Sandra Pettovello advirtió que fiscalizará las aulas y aplicará penalidades si se detecta un nivel de acatamiento a la huelga que vulnere la normativa impuesta.

Desde Capital Humano precisaron que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ejecutará un operativo de “supervisión muestral” en escuelas de las distintas jurisdicciones para fiscalizar la aplicación del artículo 101 de la Ley N.º 27.802. Según esa normativa, la educación fue categorizada como un “servicio esencial”, por lo que los gremios convocantes están obligados a garantizar un piso del 75% de la prestación habitual del servicio educativo en cada jornada de protesta.

Desde el Ejecutivo ratificaron que, si bien la gestión cotidiana de los colegios depende de las provincias, la Nación se atribuye el rol de garante final del derecho a enseñar y aprender. En esa línea, los funcionarios avisaron que en aquellos lugares donde se compruebe el incumplimiento de la presencia mínima fijada por la ley, se activarán de manera inmediata los protocolos para sancionar a los responsables del área o a los gremios involucrados.

El conflicto se desencadenó tras la decisión del congreso de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que resolvió la huelga nacional en repudio al plan de ajuste del presidente Javier Milei. Los docentes fundamentan el reclamo en la persistente erosión de los sueldos del sector, la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la desinversión en la infraestructura escolar y la rotunda negativa del Ejecutivo nacional a convocar a la Paritaria Nacional Docente para discutir condiciones salariales y laborales.

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