La Justicia de Entre Ríos dispuso la elevación a juicio oral y público de la causa en la que se investiga a integrantes de la familia Etchevehere y a empresarios relacionados con la financiera Red Mutual por una presunta estafa vinculada con el vaciamiento patrimonial de Sociedad Anónima Entre Ríos, la compañía que editaba El Diario de Paraná.
La decisión fue adoptada por el juez de Transición Pablo Nicolás Zoff, quien declaró clausurada la instrucción y rechazó los planteos presentados por las defensas para evitar que el expediente llegara a debate oral.
Entre los acusados se encuentran Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri; Arturo Sebastián Etchevehere, excandidato a gobernador de Entre Ríos por La Libertad Avanza; y Juan Diego Etchevehere, dirigente vinculado con la Sociedad Rural Argentina.
También deberán afrontar el juicio Leonor María Magdalena Barbero Marcial, madre de los tres hermanos, y los empresarios Walter y Viviana Grenón, vinculados con Red Mutual.
Una investigación iniciada en 2013
El expediente comenzó en 2013 a partir de una denuncia presentada por Dolores Etchevehere, la menor de los hermanos de la familia.
La acusación se concentra en una serie de operaciones comerciales e inmobiliarias que, según la Fiscalía, habrían provocado la descapitalización de Sociedad Anónima Entre Ríos, conocida como SAER, propietaria del histórico diario paranaense.
Los investigadores sostienen que distintos bienes pertenecientes a la compañía fueron vendidos o transferidos mediante maniobras perjudiciales para el patrimonio empresarial.
Entre los hechos analizados aparecen operaciones sobre inmuebles ubicados en Paraná y en otras localidades entrerrianas. La hipótesis fiscal señala que esas transacciones habrían beneficiado a sociedades y personas vinculadas con los acusados, mientras la editora perdía activos y capacidad económica.
De acuerdo con el procesamiento dictado en noviembre de 2022, Viviana Grenón y Leonor Barbero Marcial habrían intervenido como autoras en una primera etapa de los hechos investigados. Walter Grenón y los tres hermanos Etchevehere fueron señalados como presuntos colaboradores necesarios de esas maniobras.
Esa resolución no estableció culpabilidades definitivas, pero consideró que existían elementos suficientes para que los imputados continuaran sometidos al proceso penal.
El juez rechazó los planteos de las defensas
Antes de ordenar la remisión del expediente a juicio, Zoff desestimó una serie de recursos promovidos por los abogados defensores.
Entre ellos figuraban pedidos para declarar extinguida la acción penal por prescripción, cuestionamientos sobre la existencia de delito y planteos relacionados con la duración del proceso.
Las defensas también habían solicitado el sobreseimiento de sus representados y se habían opuesto formalmente a que la causa avanzara hacia la instancia oral.
El magistrado rechazó esos argumentos y consideró que no existían motivos legales para cerrar el expediente sin juicio.
En el caso de Barbero Marcial, su defensa planteó además la aplicación de una excusa absolutoria y denunció una supuesta situación de violencia institucional. Zoff tampoco hizo lugar a esos pedidos, aunque dispuso que se adopten las medidas necesarias para garantizar su participación en el proceso de acuerdo con su edad y cualquier situación de vulnerabilidad que pudiera acreditar.
La acusación por administración fraudulenta
La causa gira en torno al presunto delito de administración fraudulenta.
La Fiscalía deberá demostrar durante el debate que los acusados intervinieron en decisiones u operaciones destinadas a perjudicar el patrimonio de SAER y beneficiar intereses particulares.
La elevación a juicio implica que la etapa preliminar de investigación quedó formalmente concluida. A partir de ahora, un tribunal deberá analizar las pruebas, escuchar a los testigos y evaluar los argumentos de la acusación, la querella y las defensas.
El juicio será la instancia en la que se determine si las operaciones cuestionadas constituyeron efectivamente un delito y cuál fue la responsabilidad individual de cada acusado.
Hasta que exista una sentencia firme, todos conservan el estado de inocencia.
El rol de Luis Miguel y Sebastián Etchevehere
La llegada del expediente a juicio genera repercusión política por los antecedentes públicos de dos de los imputados.
Luis Miguel Etchevehere fue presidente de la Sociedad Rural Argentina y posteriormente integró el gabinete de Mauricio Macri como ministro de Agroindustria. Tras una reorganización ministerial, continuó al frente del área con rango de secretario.
Su hermano Arturo Sebastián Etchevehere fue candidato a gobernador de Entre Ríos por La Libertad Avanza, mientras que Juan Diego desarrolló actividad dentro del sector ruralista.
La causa, sin embargo, no analiza sus desempeños políticos sino su presunta intervención en las decisiones empresariales vinculadas con SAER y El Diario.
Un conflicto familiar convertido en causa penal
El expediente judicial se encuentra atravesado desde su origen por la prolongada disputa entre Dolores Etchevehere y el resto de su familia.
La denunciante sostuvo durante años que fue perjudicada en la administración y distribución de los bienes familiares. Sus presentaciones dieron lugar a distintas causas civiles y penales, entre ellas la investigación que ahora llegará a juicio.
En este caso, los fiscales consideran que la controversia excedió el ámbito de una disputa sucesoria o societaria y que existen hechos que podrían configurar una defraudación penal.
Las defensas, en cambio, han rechazado las acusaciones y buscaron impedir la apertura del debate oral mediante diferentes planteos procesales.
Con la resolución de Zoff, esas controversias deberán discutirse ahora frente a un tribunal. La fecha del juicio y el órgano encargado de llevar adelante las audiencias todavía deberán ser definidos por la Justicia entrerriana.
