La Conferencia Episcopal Argentina oficializa la conclusión del proceso de renuncia, iniciado hace 5 años, a la asignación mensual otorgada por el Estado a arzobispos y obispos de todo el país. El polémico aporte de $55,000 mensuales para más de cien prelados, cuestionado por privilegiar una religión en un Estado no confesional, fue establecido durante la última dictadura.
La renuncia al aporte estatal, iniciada en mayo de 2018 durante el debate sobre la legalización del aborto, busca también la separación entre la iglesia y el Estado.La ley, según el artículo dos de la Constitución, estipulaba que los arzobispos y obispos recibirían una asignación equivalente al sueldo de un juez de primera instancia, sin actualización en los últimos 2 años. También establecía ayudas para párrocos de frontera, reemplazadas por ayuda social, y para algunos seminaristas diocesanos, cuya eliminación está en proceso.
La renuncia al aporte estatal fue aprobada en 2018 por mayoría de los obispos, destacando que es un gesto anunciado al Pueblo de Dios y a la sociedad, comprometiendo la credibilidad de su palabra. Según la secretaría de Culto, algunos arzobispos y obispos ancianos o con invalidez mantendrán una asignación de $98,000, tramitada de manera particular. No incluye los aportes a colegios, regidos por el régimen de subsidios de las jurisdicciones del país asignados a la enseñanza privada.
