La causa por el fraude con combustible destinado a patrulleros de la Unidad Regional II ingresó en una etapa clave. El fiscal José Luis Caterina presentó la acusación formal y pidió penas de prisión para 21 personas: 19 integrantes de la Policía de Santa Fe y dos civiles.
La maniobra investigada habría funcionado mediante cargas irregulares de combustible, facturación apócrifa y retornos vinculados a una estación de servicio. Según la Fiscalía, el esquema permitió desviar recursos públicos que debían utilizarse para la movilidad de los móviles policiales en Rosario.
Los pedidos más severos recaen sobre el exjefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, para quien solicitaron 12 años de prisión, y sobre su exsecretario privado, Rodrigo Domínguez, para quien la pena requerida asciende a 14 años. La acusación ubica a ambos en lugares centrales dentro de la presunta organización.
El escrito presentado por Caterina supera las 300 páginas e incluye delitos como asociación ilícita, peculado de caudales públicos, defraudación y cohecho. Las penas solicitadas van desde los 3 años y 4 meses hasta los 14 años de cárcel, según el rol atribuido a cada imputado.
La audiencia preliminar será el paso previo a la definición sobre la apertura del juicio oral. Mientras tanto, Acosta y Domínguez continúan detenidos con prisión preventiva.
