El gobierno nacional anunció su intención de iniciar la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., mediante un proceso autorizado bajo la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (N° 27.742). La propuesta implica desprenderse del 44 % de las acciones de la empresa, mientras que el Estado mantendría el 51 % restante.
Según lo comunicado oficialmente, la venta de ese porcentaje apunta a financiar obras en la Central Nuclear Atucha I.
El proyecto ya genera fuertes críticas entre los trabajadores nucleares. La Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) calificó la medida como un riesgo para la soberanía nacional y advirtió que se trataría de entregar un bien estratégico para cubrir necesidades fiscales a corto plazo.
Desde el sector oficial se defienden asegurando que esta decisión forma parte de las facultades que la ley le otorga al Poder Ejecutivo, tras las reformas normativas vigentes.
