A contramano del discurso oficial, un duro informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que la supuesta baja de la pobreza por ingresos convive con un grave empeoramiento de las condiciones estructurales de vida.
Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), entre 2024 y 2025 la proporción de hogares con al menos una carencia social no monetaria trepó del 65,6% al 67,3%, dejando en evidencia que la leve mejora en la capacidad de consumo no logra resolver las privaciones de fondo.
El estudio multidimensional, publicado este mes bajo el título “Mayores privaciones sociales en una Argentina con menor pobreza monetaria”, enciende las alarmas al detallar que el mayor deterioro se registra en el mercado de trabajo y la seguridad social, donde el déficit afecta ya al 33,1% de los hogares.
Asimismo, el acceso limitado a los servicios de salud escaló al 34,3%, mientras que la privación alimentaria no da tregua y ya golpea al 18,7% de la población.
Desde el organismo académico explicaron que estas mediciones permiten visibilizar deudas sociales que “quedan ocultas detrás del dato monetario”. De hecho, el segmento de familias que no son consideradas pobres por sus ingresos pero que sí padecen severas carencias materiales y de derechos saltó del 33,3% al 42,9% en el último año, consolidando un escenario de fragmentación laboral y pérdida de acceso a recursos esenciales que excede la discusión salarial.
