En un fallo dictado en los tribunales federales de Rosario, un agente de la Gendarmería Nacional fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional, además de quedar inhabilitado por el doble del período de la pena, por el delito de hurto agravado, abuso de autoridad y coacciones. Su accionar se registró durante un control vehicular en el barrio Nuevo Alberdi, donde interceptó una familia, les sustrajo dinero y los amenazó para que no realizaran la denuncia.
La causa corresponde a efectivos que operaban bajo el marco del denominado Plan Bandera, desplegado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en Rosario. Tres implicados ya habían sido sentenciados en otro procedimiento abreviado y ahora se completa la valoración judicial del caso.
La resolución del juez federal Román Lanzón pone el foco en comportamientos institucionales que exceden la función de control: “No basta con la inspección rutinaria, hay que respetar los derechos básicos de los ciudadanos”, sostuvo el magistrado al homologar el acuerdo.
Habitantes de la zona y organizaciones civiles de Rosario reclamaron que episodios como este no queden aislados: exigen mayor transparencia, registro de actuaciones y supervisión de los operativos de fuerzas federales en territorio local.
El episodio refuerza el debate sobre las garantías ciudadanas frente a las intervenciones de seguridad y la necesidad de que los controles respondan a protocolos claros, sin abusos de autoridad.
