El Gobierno Nacional decidió ofrecer una recompensa de diez millones de pesos a quienes puedan proporcionar información relevante sobre un video donde un grupo presuntamente vinculado al narcotráfico emite amenazas de muerte contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
La medida fue formalizada a través de la resolución 1295/24, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Este documento especifica que la recompensa se otorgará a quienes ofrezcan datos útiles y concretos que permitan identificar a los integrantes de la organización criminal, detallar sus actividades ilícitas o precisar sus áreas de operación.
Desde el Poder Ejecutivo se subrayó la importancia de actuar con urgencia para identificar a los responsables, ya que el hecho constituye un grave caso de trascendencia institucional tanto a nivel nacional como internacional. En la resolución, se enfatiza que la naturaleza de los actos los categoriza como una amenaza a la seguridad nacional, lo que exige una respuesta inmediata y contundente por parte del Estado.
El video en cuestión fue divulgado el domingo por la noche y muestra a cuatro individuos armados y con el rostro cubierto, dirigiendo un mensaje directamente a Bullrich y Pullaro. Durante el breve mensaje, que dura poco más de un minuto, los desconocidos expresan su descontento, exigiendo ser “internados en Buenos Aires” y advirtiendo que empezarán a causar muertes en Santa Fe.
En una parte del video, uno de los individuos, vestido con un traje y una máscara química, y portando un fusil semiautomático, lanza duras acusaciones: “Este video es para vos, Pullaro y Bullrich. Primero que nada, decirle a la gente que hicieron matar a inocentes y armaron todo para fortalecer su banda. Hagan trabajos, construyan escuelas, dejen de hacer política con los presos. Y vos, Bullrich, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego porque estamos internados en Buenos Aires y vamos a empezar a dejar muertos”.
Este episodio ha generado una fuerte reacción en el ámbito político y de seguridad, dada la gravedad de las amenazas y la forma en que fueron realizadas. El Gobierno reafirma su compromiso de esclarecer este caso y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
