La controversia por el proyecto inmobiliario previsto en avenida Belgrano 548 sumó un nuevo capítulo. La Defensoría del Pueblo de Santa Fe solicitó informes a la Municipalidad de Rosario para conocer los fundamentos de la modificación urbanística que permitiría levantar una torre de 11 pisos en una zona alcanzada por normas de protección histórica.
La intervención planteada contempla la construcción de un edificio de planta baja y once niveles, con una altura cercana a los 35 metros, sobre el fondo de una antigua propiedad ubicada a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera.
El terreno está incluido dentro del Área de Protección Histórica correspondiente al entorno del Monumento, donde la normativa actualmente vigente establece una altura máxima de 14,5 metros. Para avanzar con la iniciativa se necesita, por lo tanto, una excepción aprobada por el Concejo Municipal.
La Defensoría requirió al Ejecutivo local detalles sobre el trámite administrativo, los estudios realizados y los argumentos empleados para impulsar una reforma de las condiciones urbanísticas del sector.
El pedido se suma a una serie de objeciones presentadas durante los últimos meses por vecinos, especialistas y organizaciones dedicadas a la protección del patrimonio arquitectónico.
Desde esos sectores advierten que una construcción de semejante altura podría modificar de manera significativa el perfil urbano y visual del entorno del Monumento, uno de los espacios históricos y turísticos más importantes de Rosario.
El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe, Distrito 2, ya había manifestado su rechazo al pedido de excepción. La entidad sostuvo que habilitar una torre de 35 metros en un área donde solo se permiten edificaciones de hasta 14,5 metros generaría un antecedente preocupante para otras zonas protegidas de la ciudad.
La propuesta fue presentada mediante el mensaje municipal 152/2025 y tramita en el Concejo bajo el expediente 32.080/2025. El proyecto plantea conservar la casona existente sobre avenida Belgrano y construir el nuevo volumen edilicio en la parte posterior del lote.
Los impulsores sostienen que la intervención permitiría preservar la fachada y recuperar una propiedad que presenta problemas de mantenimiento. También aseguran que la torre estaría retirada de la línea municipal para reducir su impacto visual desde la avenida.
Los cuestionamientos, sin embargo, no apuntan únicamente a la conservación de la vivienda. Las entidades patrimoniales consideran que el debate central pasa por la escala de la nueva construcción y su inserción dentro de un sector sometido a restricciones especiales.
La propiedad estuvo ocupada durante varias décadas por una familia y se encuentra ubicada entre edificios de valor arquitectónico. Según los desarrolladores, la generación de recursos a través del emprendimiento inmobiliario sería la única alternativa económicamente viable para sostener y restaurar la casa original.
La discusión llegó a la comisión de Planeamiento del Concejo Municipal, donde propietarios, profesionales y representantes de distintas entidades expusieron posiciones contrapuestas. El expediente continúa bajo análisis y todavía no fue aprobado.
Con la intervención de la Defensoría del Pueblo, el municipio deberá brindar información sobre el procedimiento seguido y explicar qué criterios utilizó para promover una modificación en un área especialmente protegida.
El caso vuelve a instalar una discusión recurrente en Rosario: hasta qué punto deben admitirse excepciones urbanísticas para favorecer nuevos desarrollos sin afectar el patrimonio, el paisaje urbano y las reglas generales establecidas para cada sector.
