Una presentación judicial presentada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrió un nuevo foco de tensión política en el departamento San Javier. El escrito solicita que se investiguen posibles delitos vinculados a una obra hídrica y a presuntas operaciones comerciales que involucrarían al senador provincial Oscar Alfredo Dolzani y a la empresa Obring S.A., integrante de la UTE adjudicataria del proyecto.
Según la denuncia, el punto central es determinar si el corralón del senador, identificado como “Corralón Dolzani”, habría comercializado materiales y/o servicios a Obring. La presentación asegura que cuenta con documentación respaldatoria y solicita que Fiscalía evalúe si existió un esquema incompatible con la función pública, dado que la obra se ejecuta con fondos cuya autorización legislativa pasó por la propia Cámara.
El planteo apunta a una situación de “doble rol”: por un lado, el senador como representante territorial con participación en decisiones institucionales; por el otro, un vínculo comercial con una firma que integra la estructura empresarial contratada por el Estado provincial para llevar adelante trabajos de infraestructura hídrica. El caso, en caso de prosperar, podría derivar en medidas investigativas para reconstruir la cadena de compras, facturación y provisión de insumos.
La controversia se da en un contexto en el que San Javier concentra obras de alto impacto vinculadas a defensas y mitigación frente a inundaciones, con participación de empresas del rubro y financiamiento público.
Mientras tanto, el pedido de investigación quedó radicado en el ámbito del MPA, donde se evaluará el alcance de la presentación y la eventual apertura de actuaciones para corroborar los hechos denunciados.
