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La peor cara de Milei: Reclamo a la Corte Suprema para no aplicar la ley de Discapacidad

A través de un recurso extraordinario Nación sigue agotando las instancias para no aplicar el proyecto aprobado en ambas cámaras.

A su vez, el oficialismo libertario no solamente desobedece las rúbricas de la Legislatura, sino que ingresó un nuevo proyecto que busca sustituir el que fue aprobado, vetado y luego legislado por Diputados y Senado.

Una situación que roza lo dictatorial se vive en relación al tema Discapacidad con un hecho que prácticamente no tiene precedentes en Democracia, a saber, la aprobación de una ley que respeta todas las instancias institucionales, pasando a ser ratificada incluso luego del veto presidencial, pero que el propio Milei se niega a ejecutar casi como un capricho.

El ejecutivo basa su presentación en que “la lay de discapacidad obliga al Estado Nacional a realizar enormes erogaciones presupuestarias sin que se hayan previsto las fuentes de financiamiento”. Sin embargo, como se ha explicado hasta el hartazgo, es el ejecutivo el que administra los fondos y partidas para definir de donde sale el financiamiento. Las leyes se promulgan y el Estado las ejecuta. No es el poder legislativo el que tiene que explicar de que manera el poder ejecutivo debe hacer su trabajo.

A su vez, la ley que propone Milei en sustitución de la aprobada por ambas cámaras, busca prácticamente desregular todo el tema dejando a proveedores, obras sociales y familiares de personas discapacitadas en una “negociación libre” de precios y coberturas.

En diálogo con Versión Rosario, Monica Lenoci, directora del Observatorio de Pacientes, explicó “la verdad que es muy difícil entender porque no va a haber un nomenclador homogéneo, sino que cada provincia, cada prepaga, cada obra social va a poner su costo y va a negociarlo con la persona que tiene la Discapacidad y su familia”. La referente destacó además que la ley propuesta por la Nación retrotrae el modelo actual de discapacidad a uno médico basado en la invalidez.

En ese sentido Lenoci subrayó que “la situación nos preocupa porque todas esas cuestiones administrativas van a dejar a las personas con discapacidad totalmente indefensas, sin tratamiento, porque además lo que hace la ley es cortar la pensión y después averiguamos. Eso quiere decir que van a quedar sin medicamentos, que ya tenemos bastantes problemas, sin cuidados, sin tratamientos, sin cuidadores”.

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