La Legislatura santafesina tuvo este jueves una agenda dominada por temas vinculados a las políticas de seguridad impulsados por varios sectores políticos, incluido el Poder Ejecutivo provincial en el contexto de la ola de violencia e inseguridad que afecta a Rosario.
Entre los asuntos tratados, el Senado dio sanción definitiva a la creación de un Registro Provincial de acopiadores y comercializadores de metales no ferrosos. Se trata de una normativa que busca aportar una herramienta más a la lucha contra la problemática del robo de cables.
La diputada socialista Lionela Catalini explicó que el Registro incluye a desarmaderos, chatarrerías y depósitos cualquiera fuera su denominación.
“A partir de esta ley el Estado provincial puede realizar la inspección, control y clausura de los establecimientos que no estén inscriptos y no informen sus actividades”, destacó la legisladora.
Por otra parte, se dio media sanción al proyecto de Ley que propone modificaciones a la Ley 12.734 Código Procesal Penal de Santa Fe. La propuesta remitida por la Cámara de Diputados fue modificada por el Senado e impulsa cambios en los artículos 219, 220 y 221 de dicha normativa.
Básicamente se buscan establecer nuevas condiciones para la aplicación de las prisiones preventivas. Con el cambio, se establecen restricciones a quienes cometen un delito utilizando un arma de fuego, en casos de violencia familiar o de género.
Además, estas modificaciones a la ley determinan que las personas que cometan un delito con arma de fuego deberán cumplir con la prisión preventiva.
Al respecto, el senador Lisandro Enrico fundamentó la iniciativa señalando que “esperamos contribuir a que los violentos no estén en la calle sino presos”.
El gobernador Omar Perotti había enviado los temas a la Legislatura santafesina el lunes pasado con la ampliación del temario de asuntos a considerar en sesiones extraordinarias. Los proyectos solicitados también estaban impulsados por las Asociaciones de Víctimas del Delito y sus familiares.
