El Gobierno de Estados Unidos inició una nueva etapa de su política comercial con la entrada en vigor de un régimen de aranceles que afecta a productos importados desde 60 países, incluida la Argentina. La decisión fue oficializada por la administración de Donald Trump tras concluir investigaciones comerciales realizadas por la Oficina del Representante Comercial (USTR).
El nuevo esquema establece gravámenes que oscilan entre el 10% y el 12,5%, según el país de origen y el grado de cumplimiento que Washington atribuye a cada nación en materia de prevención del trabajo forzoso dentro de sus cadenas de producción.
La Casa Blanca sostiene que la medida busca impedir el ingreso de bienes elaborados mediante prácticas laborales consideradas abusivas y reforzar los controles sobre las importaciones que llegan al mercado estadounidense. El nuevo sistema reemplaza el arancel universal temporal que había regido durante los últimos meses.
Argentina figura entre los países alcanzados por la alícuota base del 10%, al igual que otras economías de América, Europa y Asia. En cambio, determinados países enfrentarán cargas superiores de hasta el 12,5%, de acuerdo con los criterios fijados por la administración estadounidense.
La decisión generó reacciones en distintos gobiernos y sectores empresariales, que advierten sobre el impacto que podría tener sobre el comercio global y el costo de numerosos productos. También se anticipan nuevos cuestionamientos judiciales y reclamos diplomáticos contra la medida, tal como ocurrió con anteriores paquetes arancelarios impulsados por Trump.
Para la Argentina, el alcance concreto dependerá del tipo de productos exportados hacia Estados Unidos y de la evolución de las negociaciones comerciales entre ambos países, aunque el nuevo escenario agrega un factor de incertidumbre para los exportadores que tienen al mercado estadounidense entre sus principales destinos.
