El sistema fiscal argentino profundiza su brecha y consolida un esquema marcadamente regresivo. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), la mitad de la población con menores ingresos destina el 36% de sus recursos al pago de impuestos, mientras que el sector correspondiente al 10% más rico de la sociedad aporta apenas el 26% de lo que genera. Con estas cifras, la presión impositiva sobre los sectores más vulnerables ya se posiciona como la segunda más alta de América Latina, superada únicamente por Brasil.
Lejos de responder a factores aislados, especialistas asocian este escenario a la orientación económica de la gestión de Javier Milei. El paquete de medidas que incluyó fuertes rebajas en Bienes Personales, beneficios fiscales para grandes inversores y un amplio régimen de blanqueo de capitales -denominado “Inocencia Fiscal”- alivió la carga sobre los patrimonios elevados, mientras que el sostenimiento de las arcas públicas se recostó sobre el consumo, los salarios y las jubilaciones.
Los números del informe reflejan con claridad el cambio de prioridades fiscales. Como consecuencia de la reducción de alícuotas, el peso de Bienes Personales (un impuesto directo que grava la riqueza acumulada y recae sobre menos del 2% de la población) se desplomó del 7,2% en 2023 a un magro 1,5% en la recaudación general. Ante la caída de los derechos de exportación por la baja de retenciones, el Estado pasó a depender cada vez más de impuestos indirectos como el IVA, que pasó a representar el 24,1% del total.
“La recaudación depende cada vez más del IVA, pero en un contexto de merma por la caída de la actividad”, advirtieron desde el centro de estudios. El dato cobra relevancia en un escenario donde los ingresos fiscales acumularon nueve meses consecutivos de caída real.
En términos prácticos, el modelo económico actual golpea proporcionalmente más a los hogares de bajos ingresos que destinan la totalidad de su dinero al consumo diario. A las puertas de una reforma tributaria integral exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que busca ampliar la base sobre el monotributo, los combustibles y los salarios formales, el debate de fondo en el país ya no pasa únicamente por cuánto se recauda, sino por definir quiénes terminan pagando el costo del ajuste.
