El escenario socioeconómico nacional volvió a encender las alarmas de la mano del último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA. Según el relevamiento del primer trimestre de 2026, la pobreza trepó al 30% y la indigencia ascendió al 6,5%, dejando a un total de 1,3 millones de personas sumergidas bajo la línea de flotación en solo cuestión de meses.
El principal motor de este deterioro radica en la brecha entre ingresos y precios. Con una Canasta Básica Alimentaria que subió un 11,6% frente a sueldos que apenas avanzaron un 8,6%, el bolsillo no aguantó la embestida de los aumentos en servicios, transporte y alquileres. A esto se le suma un mercado de trabajo cada vez más precarizado, donde la informalidad laboral alcanzó un preocupante 44,2%.
El aspecto más drástico del diagnóstico se evidencia en las franjas etarias más chicas, configurando un claro proceso de infantilización de la miseria. El 42,5% de los adolescentes de 13 a 17 años y el 40,9% de los niños de 5 a 12 años se encuentran en condiciones de indigencia, una realidad que contrasta fuertemente con la población mayor de 65 años, donde la tasa ronda el 8,5%.
En el mapa de la inequidad territorial, las provincias del interior sufren la peor parte del impacto. En la región santafesina, el Gran Santa Fe registró un preocupante 39,7% de pobreza y un 10,4% de indigencia extrema, mientras que a nivel nacional los picos más dramáticos los encabezan Concordia (52,5%) y el Gran Resistencia, donde la indigencia batió un récord crítico del 24,3%.
Pese al optimismo planteado desde la Casa Rosada sobre la situación del país, la UCA advirtió que hay una economía profundamente quebrada en dos. Los rubros que sostienen la mayor cantidad de fuentes de trabajo -como la industria, el comercio y la construcción- continúan paralizados, condenando a millones de familias a quedar atrapadas en la subsistencia diaria.
