Una movilización por discapacidad en Rosario fue convocada para este jueves a las 10.30 en la plaza 25 de Mayo, en reclamo por la falta de pagos, el atraso en los aranceles y la implementación plena de la ley de emergencia en discapacidad.
La protesta es impulsada por entidades que nuclean a prestadores del sector y contará con la participación de transportistas, profesionales, instituciones y familiares de personas con discapacidad. El objetivo es visibilizar la situación crítica que atraviesan los servicios y exigir respuestas urgentes a las autoridades nacionales.
Reclamo por deudas y actualización de montos
Entre los principales planteos figura la reanudación de pagos que, según denuncian desde el sector, se encuentran interrumpidos desde el año pasado en algunos casos. También exigen la actualización de los valores de las prestaciones, que presentan un fuerte desfasaje frente a la inflación.
La situación impacta en la continuidad de centros educativos terapéuticos y talleres protegidos, algunos de los cuales cerraron durante 2025, mientras que otros evalúan su sostenibilidad ante el incremento de costos y la demora en los cobros.
Además, se cuestionan los montos asignados a trabajadores de talleres protegidos, que perciben ingresos considerados insuficientes en relación con la carga horaria y el contexto económico actual.
Emergencia en discapacidad
El reclamo se enmarca en la ley de emergencia en discapacidad, que fue aprobada por el Congreso, posteriormente vetada y finalmente ratificada por el Senado en septiembre pasado. La norma declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga, y establece la actualización de aranceles, la cancelación de deudas con prestadores y un nuevo esquema de ajuste para pensiones no contributivas.
A comienzos de febrero, el Gobierno reglamentó la ley tras una demora de varios meses y dispuso cambios en la estructura administrativa del área, con nuevas designaciones dentro del Ministerio de Salud.
Convocatoria abierta
Los organizadores convocaron a la comunidad en general a sumarse a la protesta, al considerar que la situación del sistema de atención a la discapacidad afecta tratamientos, servicios esenciales y la calidad de vida de miles de personas.
La movilización buscará instalar el tema en la agenda pública y obtener definiciones concretas respecto a los pagos pendientes y la aplicación efectiva de la normativa vigente.
