El Gobierno argentino solicitó a la Justicia de Estados Unidos la suspensión del fallo que lo obliga a pagar una millonaria indemnización por la estatización de YPF. La presentación fue realizada ante la jueza federal Loretta Preska, con el objetivo de evitar que la sentencia se haga efectiva mientras avanza el proceso de apelación.
A través de esta medida cautelar, el Poder Ejecutivo intenta ganar tiempo en una causa que considera todavía sujeta a revisión y cuyo monto, estimado en 16.000 millones de dólares, el oficialismo tacha de desproporcionado. En ese sentido, fuentes oficiales indicaron que no está en los planes del Ejecutivo abrir instancias de diálogo con los fondos litigantes, por lo que el camino elegido será exclusivamente judicial.
La estrategia del equipo legal que representa a la Argentina en los tribunales de Nueva York se enfoca en prolongar los tiempos procesales para evitar un desembolso inmediato y, eventualmente, lograr una revisión favorable en la instancia de apelación. La presentación formal de ese recurso, aseguraron desde la Casa Rosada, será realizada en los próximos días.
El conflicto legal se originó por la expropiación de la petrolera YPF en 2012, cuando el Estado argentino decidió tomar el control accionario de la compañía sin haber lanzado previamente una oferta pública de adquisición, tal como establecen los estatutos corporativos. Esa omisión derivó en una demanda por parte de los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos litigiosos de accionistas minoritarios afectados por la maniobra.
Desde el Gobierno nacional sostienen que el cálculo del resarcimiento económico exigido por los demandantes no se ajusta a la realidad de los hechos y que el monto establecido por el tribunal es desmedido. A esto se suma la voluntad política de no ceder ante presiones de fondos de inversión especializados en litigios internacionales, a los que califican como “fondos buitre” bajo la lógica ya utilizada en conflictos judiciales anteriores.
Mientras tanto, en Washington y Nueva York siguen con atención los movimientos del caso, que podría tener impacto tanto en las relaciones diplomáticas como en la ya tensa situación financiera del país. Para la administración de Javier Milei, el juicio representa un frente complejo que se suma al escenario de negociaciones con el FMI y la búsqueda de inversiones en el sector energético.
Por ahora, el foco oficial está puesto en frenar cualquier intento de ejecución inmediata de la sentencia y avanzar con la apelación como única vía posible. Con la jugada en manos del sistema judicial estadounidense, la Argentina busca aire en medio de un proceso que promete extenderse durante varios meses más.
