La Legislatura de Santa Fe se encamina a discutir en simultáneo, en Senado y Diputados, dos iniciativas casi calcadas que buscan prohibir en toda la provincia la actividad de cuidacoches y limpiavidrios. La avanzada legislativa responde a un pedido explícito de los intendentes Pablo Javkin (Rosario) y Pablo Poletti (Santa Fe), que vienen reclamando un marco provincial para actuar ante una problemática que —sostienen— desbordó la capacidad de los municipios.
El esquema que proponen ambos textos combina régimen de sanciones y un capítulo de abordaje social y laboral. Por un lado, se pretende incorporar la figura al Código de Faltas provincial, para que la intervención no dependa únicamente de denuncias puntuales o de herramientas municipales limitadas. Por otro, se prevé que quienes no tengan antecedentes ni vínculos con estructuras delictivas puedan acceder a capacitaciones en oficios y a mecanismos de intermediación para empleo formal, articulados por el Ejecutivo con gobiernos locales.
Uno de los proyectos es del senador rosarino Ciro Seisas, que ya había intentado avanzar con una propuesta similar en mayo de 2025 sin éxito parlamentario y que volvió a impulsar este año. En paralelo, ingresó una iniciativa de la diputada radical Ximena García, acompañada por Germán Scavuzzo (UCR) y Walter Ghione (UNO), con lineamientos muy parecidos.
En el texto que se debatirá en el Senado, la prohibición se define de manera amplia: apunta a cualquier conducta que, sin autorización, ofrezca o ejerza “intermediación” sobre lugares de estacionamiento en la vía pública —“consensuada o no”— a cambio de dinero, y también a tareas de “cuidado, lavado o limpieza” de vehículos en ese contexto.
Seisas defendió la necesidad de avanzar con una norma provincial con un argumento doble: por un lado, describió a Rosario y Santa Fe como los principales focos del fenómeno (con expansión reciente a otras ciudades) y, por otro, vinculó una parte de la actividad con lógicas coercitivas sobre el espacio público y con organizaciones que “marcan territorio”, especialmente en entornos de espectáculos masivos como el fútbol. “Es un paso que hay que dar para el desarme de las organizaciones delictivas”, planteó.
El régimen sancionatorio previsto incluye una escala gradual que va desde multas (medidas en unidades fijas) y tareas comunitarias hasta arresto de hasta cinco días en casos de reincidencia. La idea central, explican, es dar herramientas para intervenir en la calle sin depender de esquemas que hoy terminan siendo engorrosos o insuficientes para los controles cotidianos.
El capítulo “social” busca evitar que la ley quede reducida a lo punitivo. Según detalló el senador, la implementación requeriría la participación de Trabajo, Desarrollo y Justicia y Seguridad, con dispositivos para registrar casos, ofrecer formación y canalizar opciones laborales. Entre los instrumentos mencionados aparece un incentivo salarial (con aporte estatal parcial durante un año) para pymes que contraten a personas que quieran salir de la actividad, además de un portal de intermediación laboral con perfiles, habilidades y capacitaciones disponibles.
En Diputados, la discusión avanza en la misma dirección: se habla de un tratamiento coordinado para que ambas cámaras se muevan al mismo tiempo, con diferencias menores (por ejemplo, la incorporación de cooperativas en la propuesta de la Cámara baja). El objetivo político es llegar a una ley provincial que ordene un tema que, reconocen, está cruzado por vulnerabilidad social, economía informal y, en algunos casos, delito organizado.
