El Gobierno de Santa Fe cuestionó con dureza los reclamos judiciales promovidos por jubilados de altos ingresos después de que la Corte Suprema provincial declarara inconstitucional el límite aplicado a los haberes más elevados de la Caja de Jubilaciones.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, sostuvo que la discusión no debe reducirse al costo financiero que tendrá la resolución, sino que debe incluir el criterio con el que se distribuyen los esfuerzos dentro del sistema previsional.
La sentencia fue dictada por una mayoría dividida y dejó sin efecto el tope fijado por la reforma previsional para las jubilaciones más altas. El tribunal, sin embargo, no resolvió el planteo referido al aporte solidario y derivó ese punto al fuero contencioso administrativo.
Cerca de 50 reclamos judiciales
Según informó Olivares, existen alrededor de 50 presentaciones activas contra distintos aspectos de la normativa.
Una parte de esos reclamos corresponde a personas que se desempeñaron en el Poder Judicial, aunque también aparecen antiguos funcionarios políticos y legisladores provinciales.
El ministro evitó extender sus críticas a toda la estructura judicial y aclaró que los interesados pertenecen a sectores diversos. No obstante, cuestionó que personas con ingresos previsionales muy elevados recurran a los tribunales para quedar exceptuadas de las restricciones.
Desde el Ejecutivo provincial trascendió que entre quienes iniciaron acciones se encuentran los exlegisladores Eduardo Di Pollina y Alejandra Vucasovich. Algunos de los haberes involucrados superarían los 18 millones de pesos mensuales.
La diferencia con el sistema nacional
Olivares comparó el límite establecido en Santa Fe con el vigente en el régimen administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social.
De acuerdo con los valores mencionados por el funcionario, el tope provincial se encuentra alrededor de los 13 millones de pesos, mientras que el máximo del sistema nacional se aproxima a los 2,8 millones.
El titular de Economía sostuvo que la controversia afecta más a la equidad del reparto que a la sustentabilidad inmediata de la Caja.
La comparación tomó mayor relevancia por el contraste entre esas cifras y los ingresos de los jubilados ordinarios de la provincia, muchos de los cuales cobran entre 500.000 y 600.000 pesos.
El debate continuará en los tribunales
El fallo abrió un nuevo capítulo en la disputa por la reforma previsional impulsada por la administración provincial.
Mientras quienes presentaron los amparos consideran que el límite afecta derechos adquiridos, el Gobierno defiende las restricciones como parte de un esquema destinado a reducir el déficit y distribuir las cargas entre los distintos integrantes del sistema.
Las causas todavía pendientes deberán resolverse de manera individual. En paralelo, la Provincia analizará el alcance de la sentencia y las alternativas jurídicas disponibles para sostener su política previsional.
