Vecinos, organizaciones ambientalistas y el concejal Julián Ferrero presentaron este lunes una denuncia penal ante el Centro de Justicia Penal para que se investigue la presunta contaminación del arroyo Ludueña por vuelcos de residuos cloacales en distintos puntos de su recorrido.
La presentación surge luego de varios años de reclamos ante organismos provinciales y municipales. Los denunciantes sostienen que, pese a haber aportado fotografías, videos y otras pruebas, no obtuvieron respuestas concretas ni acciones efectivas para resolver la situación.
“Venimos denunciando estos hechos desde hace dos o tres años. Hemos llevado pruebas a la Provincia y al municipio, pero no nos escuchan. Por eso decidimos avanzar con una denuncia penal”, explicó Edgardo Orellano, integrante de la Asociación Civil Carlos Bocaccio Orellano y uno de los impulsores de la presentación judicial.
Según detallaron, uno de los focos más preocupantes se encuentra en las inmediaciones del denominado Puente Negro, en la zona de Empalme Graneros, donde aseguran que un conducto de gran tamaño descarga de manera permanente líquidos cloacales sobre el arroyo.
Los denunciantes también señalaron la existencia de otros puntos de contaminación. Entre ellos mencionaron un desarrollo inmobiliario privado ubicado en las cercanías de la prolongación de calle Mendoza y la autopista Rosario-Córdoba, además de posibles descargas provenientes del sector de Funes.
“Hay varios lugares donde se vuelcan residuos cloacales. En algunos casos las descargas son permanentes y generan un daño ambiental muy importante”, afirmó Orellano.
La denuncia fue encabezada por el concejal Ferrero y cuenta con el acompañamiento de vecinos y organizaciones de la región, cuyos integrantes se pusieron a disposición de la Justicia para declarar como testigos en caso de ser convocados durante la investigación.
Desde las entidades que impulsan la acción judicial advirtieron que el deterioro ambiental del arroyo se viene agravando con el paso del tiempo y reclamaron controles más estrictos sobre los emprendimientos y sistemas de saneamiento que operan en la cuenca.
Ahora será la Justicia la encargada de determinar si existieron delitos ambientales y establecer las responsabilidades correspondientes en relación con los presuntos vuelcos contaminantes denunciados.
