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Por el caso Bauen Pilay, impulsan un registro de damnificados por planes de ahorro

El Concejo de Rosario dio respaldo a una iniciativa destinada a relevar a vecinos afectados por distintos planes de ahorro. El objetivo es dimensionar la problemática y avanzar en acciones conjuntas de defensa de los consumidores.

Los reclamos de rosarinos afectados por presuntas irregularidades en planes de ahorro sumaron un nuevo capítulo en el Concejo Municipal. Los ediles aprobaron una iniciativa para crear un registro de damnificados, pensado como una herramienta para ordenar los casos, relevar la cantidad de vecinos perjudicados y reunir información que permita avanzar con reclamos colectivos.

La propuesta surgió a partir de denuncias de personas que aseguran haber sufrido perjuicios económicos tras adherirse a distintos sistemas de ahorro previo. Según plantearon los impulsores, muchos reclamos aparecen dispersos y terminan tramitándose de manera individual, lo que debilita la capacidad de respuesta frente a empresas o administradoras.

El nuevo registro será voluntario y buscará sistematizar datos sobre los afectados, las características de cada contrato, los montos comprometidos y el tipo de incumplimiento denunciado. También permitirá orientar a los vecinos sobre las herramientas administrativas y judiciales disponibles para defender sus derechos como consumidores.

Durante el debate, los concejales remarcaron la necesidad de reforzar los controles sobre este tipo de operatorias, que suelen generar conflictos por aumentos de cuotas, cambios unilaterales en las condiciones pactadas, demoras en adjudicaciones o falta de respuestas ante reclamos.

Desde el Concejo aclararon que la creación del registro no resolverá automáticamente cada caso, pero sí permitirá visibilizar la magnitud del problema y generar una base de información útil para futuras acciones institucionales.

La iniciativa busca convertirse en un punto de partida para coordinar el trabajo entre damnificados, organismos de defensa del consumidor y autoridades competentes. El objetivo final es fortalecer la protección de los vecinos y evitar que los reclamos queden aislados frente a empresas con mayor capacidad económica y legal.

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