El Gobierno nacional presentó este viernes un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En los pasillos de Balcarce 50, reconocen que este movimiento judicial tiene como fin ganar tiempo.
La administración central busca revertir el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que obliga a la recomposición inmediata de salarios y becas. Desde la Casa Rosada sostienen que “la ley no precisa de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento para cumplirla”.
La estrategia legal del oficialismo se apoya en el Decreto 647/2025, alegando que la normativa queda suspendida por la Ley 24.629 de administración financiera hasta que se definan los recursos correspondientes. A pesar de que la Sala III de la Cámara dictaminó el pasado 31 de marzo que no se puede anular una ley posterior con una anterior, el Ejecutivo mantiene su postura para evitar que el presupuesto anual incurra en déficit.
Mientras se aguarda la definición de la Corte Suprema, fuentes oficiales confirmaron que la adecuación de partidas se realizará de forma mensual hasta fin de año. El plan del Gobierno es evitar un desembolso único y masivo, trasladando el grueso del impacto financiero al presupuesto 2026.
Por otro lado, la Casa Rosada también impulsó un per saltum para intentar destrabar la reforma laboral, que actualmente se encuentra suspendida por la justicia.
