El juez federal de Rosario Gastón Salmain fue procesado este viernes con la prisión preventiva por delitos de corrupción, junto a otros dos actores: el empresario Fernando Wphei y el operador judicial Santiago Busaniche. En relación al magistrado, su detención no se hará efectiva hasta que el Consejo de la Magistratura lo destituya de su cargo.
Salmain fue procesado como autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. En tanto, Whpei fue acusado en calidad de autor de cohecho activo y Busaniche como partícipe secundario del delito de cohecho pasivo agravado.
También se dispuso el embargo de los bienes de cada uno de los procesados por 200.000 dólares. El monto coincide con el soborno que habrían solicitado Salmain y Busaniche al financista a cambio de dictar una medida cautelar ilegal para beneficiar a la firma Attila Fideicomiso SRL.
Los imputados -según la acusación- acordaron la cautelar para que la empresa pudiera acceder a la compra de 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, a finales del gobierno de Alberto Fernández.
Whpei, en calidad de imputado colaborador, confesó el pago del soborno y reveló detalles de las reuniones previas al acuerdo. Indicó que la operación se concretó en diciembre de 2023, pero por el cambio de gobierno, el monto de dólares obtenido fue menor, lo que generó una disputa entre los tres mencionados. La pelea de Busaniche con Wphei por el dinero derivó en que el juez Salmain lo denunciara penalmente, maniobra que terminó exponiendo el entramado de corrupción.
Los fiscales del caso sostienen que, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, los imputados formaron una asociación destinada a manipular un expediente judicial del Juzgado Federal N°1 de Rosario para beneficiar financieramente a Attila Fideicomisos SRL, Grupo Unión SA y Lancers SA..
Salmain se reunió con Whpei el 2 de octubre de 2023 en su despacho, donde recibió el escrito de presentación de la medida cautelar. El magistrado avaló su viabilidad y le indicó que el resto debía coordinarlo con Busaniche. Luego, dictó resoluciones exprés para viabilizar la operación.
Sobre la situación del juez, el Consejo de la Magistratura deberá enviarlo a juicio político y en un jury ordenar su destitución.
