El legislador Germán Scavuzzo presentó una iniciativa que busca modificar el Código de Convivencia Provincial para impedir estas actividades en la vía pública. La propuesta contempla penas de entre 10 y 20 días de arresto, además de sanciones económicas y trabajo comunitario.
Trabajo conjunto entre diputados
El texto unifica el proyecto impulsado por Scavuzzo con iniciativas promovidas por Ciro Seisas y Walter Ghione. En la redacción también participó Ximena García, con el objetivo de consolidar una propuesta única y consensuada.
Qué establece la reforma
La iniciativa incorpora nuevos artículos a la Ley Nº 10.703 y establece que quienes ofrezcan o presten estos servicios a cambio de dinero —consensuado o no— podrán ser sancionados con trabajo comunitario de 2 a 10 días, y en caso de reincidencia, con arresto de 10 a 20 días, siempre que la conducta no configure delito.
Las penas se duplicarán cuando exista intimidación, amenazas o violencia; cuando la actividad se realice en zonas de estacionamiento medido; en horario nocturno (de 18 a 6); en áreas escolares, bancarias, comerciales o cercanas a edificios públicos; o en un radio de cinco cuadras de eventos masivos.
Si se comprobara participación o connivencia de entidades organizadoras —como en el caso de estadios— se prevén multas de 100 a 300 JUS y clausuras de hasta 30 días.
Además, se establece que la Policía podrá ordenar el cese inmediato de la actividad y secuestrar elementos utilizados para la infracción.
Programa de inclusión social
El proyecto también crea un programa de abordaje integral, a cargo del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, en coordinación con las áreas de Seguridad y Trabajo.
La propuesta contempla capacitación en oficios, intermediación laboral, tratamiento voluntario en salud mental y consumos problemáticos, e incentivos para empleadores que incorporen a personas alcanzadas por la norma.
Asimismo, se creará un Registro Provincial reservado y no público con fines estadísticos y de diagnóstico.
Fundamentación
En los fundamentos, el autor sostiene que actualmente existe un “vacío normativo”, ya que la actividad no está tipificada de manera específica a nivel provincial. Señala que los municipios —como Santa Fe y Rosario— avanzaron con ordenanzas y operativos, pero consideran insuficientes las herramientas disponibles sin un respaldo legal provincial.
El proyecto busca, según sus impulsores, dotar al Estado de herramientas preventivas para ordenar el espacio público, reforzar la convivencia y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas de inclusión laboral.
