El gobierno de Santa Fe y legisladores del oficialismo aceleran las negociaciones para aprobar una ley que prohíba la actividad de los cuidacoches en la vía pública. El proyecto, impulsado en el Senado provincial, podría obtener media sanción en los próximos días tras una serie de reuniones clave.
La iniciativa unifica propuestas de ambas cámaras y plantea sancionar el ofrecimiento de servicios como cuidado o limpieza de vehículos a cambio de dinero, incorporando la práctica al Código Contravencional con posibles penas de arresto.
Reuniones clave para destrabar el proyecto
En ese marco, este miércoles está previsto un encuentro entre senadores y funcionarios del Ejecutivo provincial para terminar de definir los alcances de la norma. Participarán ministros de áreas clave como Seguridad, Gobierno, Economía y Desarrollo Humano, lo que refleja la complejidad del tema.
Uno de los puntos de tensión radica en la preocupación de legisladores del interior, que advierten sobre un posible desplazamiento de cuidacoches hacia ciudades más pequeñas si se refuerzan los controles en Rosario y Santa Fe.
Schmuck pide cautela sobre el impacto de la norma
Mientras el debate avanza en la Legislatura, desde Rosario surgen advertencias sobre los límites de la medida. La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, consideró que la sanción de la ley no implicará una solución inmediata.
“Es un tema complejo y no se va a solucionar porque se apruebe un proyecto”, señaló. En la misma línea, fue contundente al afirmar: “No van a desaparecer de un día para otro”.
La dirigente planteó que generar expectativas de una resolución instantánea puede resultar engañoso y pidió a la ciudadanía comprender la dimensión del problema.
Zonas críticas y conflictividad urbana
Schmuck también identificó los sectores de Rosario donde la problemática presenta mayor nivel de conflictividad. Según detalló, los focos principales se concentran en el Paseo del Siglo y su entorno, el barrio Pichincha, el corredor gastronómico de avenida Pellegrini y distintos puntos de la costa central.
En esas áreas, explicó, la actividad suele estar atravesada por situaciones de violencia, consumo problemático y, en algunos casos, dinámicas de control territorial.
Un abordaje integral y gradual
La titular del Concejo remarcó la necesidad de combinar herramientas legislativas con políticas públicas que permitan intervenir de manera efectiva. En ese sentido, subrayó la importancia de articular el trabajo entre fuerzas de seguridad y áreas sociales.
Además, advirtió que la implementación de la ley podría generar un corrimiento de la actividad hacia otras zonas con menor circulación. “Probablemente los corramos a otros lugares”, indicó, al tiempo que insistió en que se trata de un proceso progresivo.
Finalmente, sostuvo que la solución no dependerá únicamente de una norma, sino de una estrategia sostenida en el tiempo basada en la coordinación entre provincia y municipio.
