Cinco años después de que se iniciara una investigación por los incendios en las islas del Paraná frente a Rosario, la Justicia federal de Paraná decidió cerrar la causa y dictó el sobreseimiento de los 42 productores rurales que habían sido imputados. La resolución se basa en la ausencia de pruebas que vinculen directamente a los acusados con el inicio del fuego.
Los hechos se remontan al año 2020, en plena pandemia, cuando una serie de focos ígneos arrasaron con grandes extensiones de pastizales en las islas entrerrianas. El humo cubrió Rosario durante semanas, generando preocupación social, malestar generalizado y movilizaciones impulsadas por organizaciones ambientalistas. Estas agrupaciones apuntaron directamente contra los propietarios de las tierras, a quienes acusaban de prender fuego de manera deliberada para mejorar la calidad del suelo destinado a la ganadería.
La Municipalidad de Rosario, a través del análisis de imágenes satelitales, detectó puntos de calor que consideró sospechosos y presentó una denuncia formal. Esto derivó en la apertura de una causa judicial contra 42 personas que figuraban como titulares de los terrenos afectados.
Sin embargo, tras un extenso proceso judicial, el Juzgado Federal N°1 de Paraná concluyó que no existen elementos probatorios suficientes para sostener la responsabilidad penal de los imputados. Así, el magistrado firmó el sobreseimiento de todos los acusados, cerrando de manera definitiva el expediente.
El fiscal de la causa, Claudio Kishimoto, explicó que si bien se comprobó que varios de los productores eran dueños de los campos incendiados, no se pudo demostrar que hayan iniciado o facilitado los incendios, ya sea de forma intencional o por negligencia. “No se logró probar la participación dolosa ni culposa de los imputados”, sostuvo. Y agregó: “Es cierto que muchos sabían de la presencia de personas ajenas en sus tierras que realizaban quemas, y no tomaron medidas para evitarlo. Pero esa omisión no alcanza para atribuirles un reproche penal en los términos exigidos por la ley”.
Con esta resolución, la causa judicial que generó fuerte repercusión pública durante años llega a su fin, sin condenas ni sanciones para los acusados. A pesar de las sospechas iniciales y del impacto ambiental de los incendios, la Justicia no encontró pruebas que permitieran sostener la acusación contra los propietarios de las tierras afectadas.
