La medida cautelar dictada es por 2 meses o hasta el dictado de sentencia definitiva.
La mujer, que es discapacitada, inició acción de amparo contra el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social con el patrocinio de las abogadas Carina Mazzeo y Julia Canet para que brinde la cobertura del 100% de la internación en un hogar y del 100%, los 240 pañales extragrandes indicados y la medicación: carbidopa – levodopa 250/25m; divalproato de sodio 500m; olanzapina 5ml; lorazepam; escitalopam 20m, en la dosis y durante el tiempo que lo indique el médico tratante.
La apoderada de IAPOS respondió la demanda y sostuvo que la mujer ya se encuentra alojada en la institución y que por ello no entiende cual ha de ser el peligro existente, pues el reclamo solo se limita a pretender un reconocimiento económico.
La jueza en lo civil y comercial Susana Gueiler al hacer lugar a la cautelar destacó que “aún cuando se admita que la afiliación obligatoria no resulta en si misma inconstitucional, si tal restricción no se concreta en un beneficio para el afiliado sino por el contrario, se pone en peligro su vida o su salud, deviene cuestionable la legalidad de la afiliación compulsiva y que merced a ella se niegue la prestación requerida”.
Agregó que “la ley Nacional 24901 (sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad) dispone expresamente en su artículo segundo que “las obras sociales tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas”.
