Una nueva intimidación volvió a alterar la rutina en una escuela de Rosario. Esta vez, el episodio ocurrió en la Escuela República de Bolivia, ubicada en La Paz al 3050, donde apareció una inscripción amenazante en uno de los baños del establecimiento. A pesar del operativo desplegado, la actividad escolar continuó con normalidad.
El mensaje fue detectado a primera hora de la mañana por una portera. Como la institución cuenta con unos 600 alumnos del nivel primario y además tiene turno nocturno, no pudo determinarse con precisión en qué momento fue escrita la amenaza.
Tras el hallazgo, la directora informó que se activó el protocolo previsto por el Ministerio de Educación de Santa Fe. Según explicó, la prioridad fue llevar tranquilidad a las familias y a toda la comunidad educativa frente a una situación que vuelve a generar preocupación en las escuelas de la ciudad.
Si bien algunos padres resolvieron retirar a sus hijos por la angustia que provocó el episodio, especialmente entre los chicos más pequeños, desde la conducción del establecimiento remarcaron que las clases no fueron suspendidas y que la jornada transcurrió con normalidad.
La directora también buscó poner el foco en las actividades previstas para ese día, entre ellas salidas vinculadas a proyectos municipales y una jornada de atletismo en el estadio municipal, como parte de una estrategia para reforzar el vínculo de los alumnos con la vida escolar.
El nuevo caso se inscribe en una seguidilla de intimidaciones que se multiplicaron en establecimientos educativos santafesinos después del crimen de un alumno en San Cristóbal. Desde entonces, aparecieron carteles, pintadas y mensajes que advertían sobre posibles tiroteos, y en algunos hechos incluso se hallaron armas reales, réplicas o material balístico.
Según indicó el Ministerio Público de la Acusación, todas estas amenazas son investigadas como delitos y ya se dispusieron múltiples medidas para identificar a los responsables. En paralelo, el gobierno provincial comenzó a avanzar con reclamos civiles contra las familias de menores involucrados en falsas intimidaciones escolares, con demandas que superan los 6 millones de pesos por operativo.
