Tras más de dos años de conflicto por el financiamiento del sistema universitario, el Gobierno nacional y las universidades públicas alcanzaron un acuerdo que contempla mejoras salariales y una actualización de partidas presupuestarias. Sin embargo, el entendimiento no puso fin al litigio judicial que mantiene enfrentadas a ambas partes.
La propuesta contempla una recomposición salarial del 24,33% para docentes y trabajadores no docentes, distribuida en dos etapas, además de una actualización de los gastos de funcionamiento, mayores recursos para hospitales universitarios y mejoras en determinadas becas estudiantiles.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) valoraron el acercamiento como un avance respecto de la situación previa, aunque aclararon que los incrementos continúan por debajo de lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario. Por ese motivo, decidieron mantener la demanda que actualmente analiza la Corte Suprema.
El conflicto universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y el sistema de educación superior. Las universidades sostienen que los fondos transferidos continúan siendo insuficientes para recuperar la pérdida acumulada desde 2023.
Mientras tanto, la resolución definitiva sobre la aplicación plena de la ley quedó en manos del máximo tribunal, que deberá definir el alcance de las obligaciones presupuestarias del Estado nacional.
