Este martes comenzó en el Centro de Justicia Penal de Rosario una extensa audiencia en la que el fiscal José Luis Caterina imputará a 17 personas acusadas de participar en un esquema de fraude vinculado a la carga de combustible de patrulleros policiales. El caso involucra a trece efectivos de la policía santafesina y a cuatro civiles con vínculos comerciales con una estación de servicio de la zona sur de la ciudad. La audiencia continuará el miércoles con la intervención de los abogados defensores.
Los imputados, entre los que se encuentran jefes y subjefes de distintas áreas de la Unidad Regional II, enfrentan cargos por delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y lavado de activos. Entre los nombres que figuran en la causa se encuentran el subcomisario Fabián Darío F., jefe de Perros y Caballería; el comisario inspector Rodrigo Sebastián D., jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura; y el comisario supervisor Gerardo R., responsable del área de distribución de combustible.
También fueron señalados otros efectivos del Comando Radioeléctrico, Guardia de Infantería, Brigada de Orden Urbano, Brigada Motorizada, Grupo Táctico Multipropósito, y de divisiones como Personal, Logística e Investigaciones. Completan la lista los policías Jorge Antonio D. y Mario Rodrigo B.
En cuanto a los civiles implicados, todos están relacionados con la firma Gas Auto Tiferno, y en particular con la estación de servicios Puma ubicada sobre Ovidio Lagos al 3900, a pocas cuadras de la sede de la Jefatura. Se trata de Mónica B., Daniel Alberto R., María Fernanda D.F. y Oscar Artemio C., acusados de colaborar en las maniobras de sobrefacturación.
La investigación, iniciada en julio de 2024 por una denuncia anónima, reveló que se realizaban operaciones con tarjetas Visa Flota por montos superiores al combustible realmente cargado. Esto generaba un excedente que, presuntamente, era distribuido entre los implicados. El cálculo del perjuicio económico estimado por el gobierno provincial alcanza los 45 millones de pesos mensuales.
Las operaciones irregulares habrían consistido en concentrar varias tarjetas oficiales en manos de ciertos responsables que, en lugar de destinar el combustible a los móviles policiales, realizaban pagos inflados en terminales de estaciones de servicio cómplices.
El escándalo tuvo como consecuencia inmediata la salida del titular de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, aunque no figura entre los acusados. Por otro lado, tres de los policías detenidos inicialmente fueron liberados tras un análisis de la prueba recolectada. Se trata de Francisco T., del Cuerpo de Infantería; Ramón S., del Comando Radioeléctrico; y Davina P., subjefa de Talleres Mecánicos. La fiscalía aún evalúa si serán imputados en libertad.
La audiencia está presidida por el juez Gustavo Pérez de Urrechu, y no se descarta que el proceso se extienda una jornada más, según la evolución del debate y los pedidos de medidas cautelares.
