La Justicia Federal dictó la prohibición de salida del país para el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. La drástica medida restrictiva fue ordenada por el juez Ariel Lijo, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, ante el creciente riesgo de que el exfuncionario intente fugarse hacia Uruguay en medio de la causa penal que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Fuentes del caso señalaron que este revés judicial es el paso previo a un inminente llamado a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py. La citación formal se concretaría en los próximos días, acorralada por las severas inconsistencias detectadas en el patrimonio del exvocero y posterior ministro nacional.
La lupa de los investigadores está puesta pormenorizadamente sobre los gastos corrientes de Adorni mientras ejercía la función pública, algunos de los cuales se habrían realizado con tarjetas de crédito de sus secretarias. También se evalúan sus constantes viajes, la compra de propiedades y las costosas refacciones en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.
El expediente sumó una prueba letal tras la declaración del constructor Matías Tabar, encargado de las obras en dicho barrio privado. El testigo aseguró ante la Justicia haber percibido la millonaria suma de 245 mil dólares “en negro” por los trabajos realizados en la finca del exfuncionario nacional.
Además, en los últimos días se conocieron polémicos audios que Adorni le envió al contratista apenas dos días después de renunciar, intentando coordinar una reunión previa a su declaración del pasado 4 de mayo. “Obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate es una boludez, para que todos nos quedemos tranquilos”, se le escucha decir en las grabaciones que hoy lo complican penalmente.
