La discusión por el futuro de los biocombustibles volvió a instalarse en el Congreso y promete convertirse en uno de los debates económicos más sensibles de las próximas semanas. El Senado comenzó a analizar un proyecto impulsado por el oficialismo que propone modificar el esquema vigente, aumentar los porcentajes de mezcla obligatoria y avanzar hacia una mayor liberalización del mercado.
La iniciativa plantea elevar el corte de bioetanol en las naftas hasta el 15% y aumentar la participación del biodiésel en el gasoil. Además, busca reemplazar buena parte de los mecanismos de regulación estatal que actualmente determinan precios, cupos y condiciones de comercialización.
El proyecto encontró apoyo entre las principales petroleras y grandes productores del sector energético, que consideran necesario flexibilizar el régimen para fomentar inversiones y competencia. Sin embargo, la propuesta encendió alarmas en numerosas pymes vinculadas a la producción de biocombustibles, especialmente en provincias como Santa Fe, Córdoba y Tucumán.
Desde esos sectores advierten que la desregulación podría favorecer una mayor concentración del mercado y poner en riesgo la sustentabilidad de decenas de pequeñas y medianas empresas que hoy operan bajo el sistema vigente.
La discusión también tiene un fuerte componente federal. Gobernadores y legisladores de provincias productoras buscan introducir cambios para proteger las economías regionales y garantizar que la expansión de los cortes obligatorios no termine beneficiando únicamente a los grandes jugadores del negocio.
