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El Gobierno quiere usar ficha limpia para empujar la reforma política y destrabar la pelea por las PASO

La iniciativa prevé impedir que personas condenadas en segunda instancia puedan postularse a cargos electivos.

La Casa Rosada resolvió reactivar el proyecto de ficha limpia y sumarlo a una reforma política más amplia, con la intención de reducir la resistencia opositora a uno de sus objetivos centrales: la eliminación o nueva suspensión de las PASO. La estrategia fue confirmada por Javier Milei y, según publicó La Nación, forma parte del paquete de cambios electorales que el oficialismo enviará al Congreso.

La iniciativa prevé impedir que personas condenadas en segunda instancia puedan postularse a cargos electivos. A la vez, el proyecto incluiría un nuevo esquema de financiamiento partidario y requisitos más estrictos para conservar o conseguir la personería jurídica de los partidos. Milei presentó el paquete como una señal política contra la “impunidad” y en favor de una reforma electoral integral.

El Gobierno apuesta a que la inclusión de ficha limpia funcione como incentivo para seducir a bloques opositores que vienen reclamando esa medida, pero que no están dispuestos a acompañar sin más la eliminación de las primarias. En la lectura oficial, sumar ese capítulo puede obligar a esos espacios a debatir el proyecto y evitar que quede directamente frenado.

Según La Nación, el oficialismo resolvió enviar la reforma primero al Senado, una cámara donde cree tener mejores posibilidades de construir mayoría que en Diputados. De fondo, persiste un problema político: ni siquiera aliados habituales como el PRO o la UCR aparecen hoy plenamente alineados con la idea de suprimir las PASO.

La maniobra también tiene una carga simbólica. El año pasado, el propio oficialismo demoró el tratamiento de ficha limpia y luego la iniciativa cayó en el Senado en medio de una fuerte controversia. Ahora la vuelve a poner en escena, pero integrada a una reforma más ambiciosa cuyo núcleo sigue siendo la modificación del sistema electoral.

Así, el Gobierno intenta convertir una bandera compartida con parte de la oposición en una herramienta de negociación para avanzar sobre otro punto mucho más conflictivo: el futuro de las primarias abiertas.

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