La cuestión de la discapacidad volverá a instalarse en el Congreso en las próximas semanas, esta vez con una iniciativa impulsada por el oficialismo. El Gobierno busca avanzar con una nueva ley que reordene el sistema de prestaciones y, al mismo tiempo, ponga el foco en el control de irregularidades en las pensiones por invalidez. La propuesta aparece en paralelo a otra discusión sensible para el Ejecutivo: el financiamiento universitario.
Según la información difundida, el proyecto ingresó en los últimos días bajo el nombre de “Emergencia en Discapacidad” y plantea un esquema centrado en la revisión de fraudes, la regularización tributaria, la condonación de intereses, la refinanciación de deudas y la actualización de valores dentro del sistema. En la Casa Rosada buscan así reemplazar iniciativas promovidas por la oposición y fijar una alternativa propia para el funcionamiento del régimen.
La discusión se da en un contexto de fuerte tensión política y legislativa. El oficialismo también empuja una propuesta vinculada al financiamiento de las universidades públicas, con la idea de ajustarla al Presupuesto 2026. En ese marco, la discapacidad aparece como otro frente en el que el Ejecutivo intenta recuperar la iniciativa parlamentaria y disputar el sentido de políticas sociales de alto impacto.
Dentro del diagnóstico oficial, uno de los argumentos centrales para justificar la reforma es el crecimiento que tuvieron las pensiones no contributivas por invalidez en las últimas dos décadas. A partir de esa lectura, el Gobierno plantea la necesidad de revisar criterios, transparentar mecanismos y redefinir el esquema de financiamiento.
De este modo, la nueva ley de discapacidad se encamina a convertirse en uno de los debates más sensibles del año legislativo, no solo por el alcance social del tema, sino también por el choque político que anticipa entre el oficialismo y la oposición sobre cómo rediseñar un sistema que afecta a miles de beneficiarios en todo el país.
