El Gobierno Nacional, a través de la Resolución 153/2025 del Ministerio de Seguridad, ha implementado un endurecimiento en los controles para los internos alojados en pabellones de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Federal. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece nuevas limitaciones para las visitas y la comunicación con el exterior.
A partir de esta disposición, los reclusos considerados de alto riesgo solo podrán recibir visitas de dos familiares directos mayores de 16 años y de sus hijos menores, con una frecuencia de una vez cada 15 días y por un tiempo máximo de 60 minutos. Estas visitas deberán realizarse en locutorios especialmente acondicionados y sin contacto físico. Además, se exigirá que el Servicio Penitenciario Federal consulte a la Justicia sobre posibles impedimentos para autorizar cada solicitud de visita, con la salvedad de que si un visitante pierde la autorización, no podrá solicitar una nueva hasta pasados seis meses.
Otra de las medidas establecidas en la resolución es la prohibición de visitas de personas con antecedentes penales o que se encuentren bajo investigación por algún delito. Asimismo, los internos incluidos en este régimen especial no podrán recibir a apoderados legales ni a allegados ajenos a su círculo familiar directo.
Desde el Ministerio de Seguridad, justificaron esta decisión como parte de una estrategia integral para prevenir y neutralizar la actividad de organizaciones criminales dentro de los establecimientos penitenciarios. Según la normativa, la estrategia incluye la clasificación y segmentación de los reclusos en función de su nivel de peligrosidad, con el objetivo de gestionar eficazmente los riesgos individuales que representan.
La implementación de estas restricciones responde a investigaciones recientes que detectaron el uso indebido de las visitas para la transmisión de órdenes criminales hacia el exterior. En 2024, diversos fallos judiciales resultaron en la detención de nueve familiares de internos del sistema de máxima seguridad, así como de dos abogados defensores, acusados de participar en delitos como asociación ilícita, amenazas y secuestro extorsivo.
El Gobierno argumenta que este endurecimiento de las condiciones carcelarias es una acción indispensable para fortalecer el cumplimiento de los compromisos internacionales en la lucha contra el crimen organizado, reforzando así la seguridad dentro y fuera de las cárceles federales.
