La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi), el organismo que desde 1992 se encarga de localizar a los bebés robados durante el terrorismo de Estado, fue desmantelado por decreto del presidente Javier Milei en el marco de ajuste y desregulación de entidades públicas.
Con esta nueva medida, la CoNaDi ya no podrá conducir investigaciones ni acceder a los archivos del Estado para contribuir con la búsqueda que las Abuelas de Plaza de Mayo llevan adelante hace 47 años.
El argumento de su cierre es que el Poder Ejecutivo no puede llevar adelante investigaciones, que deberían ser conducidas por el Ministerio Público Fiscal (MPF): “No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con éste, el legislador asigna a órganos específicos del Estado nacional en el marco del diseño institucional definido por la Ley Fundamental”, dice el decreto 727/2024 publicado este miércoles.
No está claro por el momento qué pasará con las investigaciones que están en marcha, si el gobierno pretende que se archiven sin más. En tal caso, el responsable director es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el exjuez Alberto Baños.
Por su parte, las Abuelas de Plaza de Mayo ya habían denunciado que la maniobra estaba en marcha y la auxiliar fiscal Ana Oberlin pidió preservar el acervo documental que produjo a lo largo de décadas la Conadi. El mes pasado, el juez federal Ernesto Kreplak dictó una medida cautelar para que el gobierno no ponga en riesgo todo lo que produjo el organismo.
