El Gobierno nacional avanzó con la adjudicación de la nueva concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y presentó el resultado como un paso clave para modernizar la principal vía de salida de las exportaciones argentinas. Sin embargo, la decisión volvió a generar controversias debido a las objeciones planteadas por empresas participantes y especialistas del sector.
La resolución oficial confirmó la selección del consorcio integrado por la belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus para llevar adelante las tareas de dragado y mantenimiento de la vía navegable, considerada estratégica para el comercio exterior argentino.
Desde la administración nacional destacaron que el proceso permitirá garantizar inversiones, mejorar la competitividad logística y asegurar la navegabilidad de una ruta por la que circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país.
No obstante, durante los últimos meses distintos actores del sector expresaron reparos sobre algunos aspectos de la licitación. Entre las críticas aparecieron cuestionamientos vinculados a los criterios de evaluación, las condiciones económicas establecidas en el pliego y las limitaciones que, según los denunciantes, habrían afectado la competencia entre oferentes.
Las objeciones también derivaron en presentaciones administrativas y judiciales impulsadas por empresas que participaron del proceso y que sostienen que existían alternativas capaces de ofrecer condiciones más competitivas para el Estado y los usuarios de la vía navegable.
Pese a las controversias, el Gobierno ratificó la validez del procedimiento y aseguró que la adjudicación se desarrolló bajo mecanismos de control y transparencia. Con la definición ya oficializada, ahora comenzará la etapa de implementación de un contrato que tendrá impacto directo sobre uno de los corredores logísticos más importantes de América del Sur.
